La policía investiga a los funcionarios que vendían datos privados a una red de traficantes

Hasta 47 datos -saldo bancario, sueldo, domicilio, etcétera- de 21 millones de españoles pueden estar en poder de cualquier empresa que haya pagado el precio exigido por una red de traficantes de información privada desarticulada ayer en Madrid por la policía. Los siete detenidos compraban los datos a funcionarios de varios ministerios y trabajadores de entides privadas y los revendían, procesados a la carta, a los interesados. Tras la detención de los traficantes, la policía investiga ahora a sus proveedores: docenas de empleados públicos que pueden ser detenidos bajo la acusación de cohecho.

Los detenidos son Joaquín González López, de profesión chófer, cerebro del grupo; Carlos Álvarez Obregón, Rosa María Álvarez-Cantón Obregón, Gabriel Usera Fernández, Aníbal Moreno Crespo, Ricardo Alcántara Vega y Alfonso Martínez Melguizo. Todos ellos pasaron ayer a disposición de la, Audiencia Nacional.La operación policial se inició hace varios meses, cuando un ciudadano llamado Manuel recibió en su casa una carta publicitaria en la que figuraba su segundo nombre propio, Algimiro, dato, que sólo conocía su familia y la Seguridad Social, ya que únicamente en documentos oficiales de este organismo había incluido su segundo nombre. Manuel Algimiro denunció el hecho, y la operación se puso en marcha.

1.000 millones de pesetas

Las pesquisas policiales llevaron a los agentes a tres inmuebles de Madrid. Dos de ellos -un piso en Móstoles y una nave industrial en Madrid eran las sedes de las empresas Publigest y Data Mail, ambas propiedad de Joaquín González. En los tres locales, la policía requisó material informático valorado en 1.000 millones de pesetas entre discos de ordenador de gran capacidad, disquetes, documentación y tres ordenadores de gran calidad. Según la policía, la venta de esta información debe haberles reportado a los detenidos unos beneficios fabulosos.

En estos soportes se hallaban registrados datos de hasta 21 millones de españoles "más que los acumulados en el famoso ordenador Berta del Ministerio ole Economía", según afirmó ayer el portavoz de la Dirección General de la Policía, Manuel Jiménez. La información contenida en los discos incluía, entre, otros datos, números o saldos de cuentas corrientes, declaraciones de la renta, número de la Seguridad Social, situación familiar, domicilio, datos laborales e, incluso, las respuestas de los ciudadanos registrados a las preguntas del último censo electoral.

Con este material, los detenidos elaboraban listados a la carta para venderlo a empresas financieras y de servicios, interesadas en conocer las características de millones de hipotéticos clientes. Como ejemplo de la oferta de la red de traficantes, entre las cintas incautadas se encuentra una bajo el epígrafe Los mejores coches de Madrid, y otra con el título: Deportistas aficionados. Por las características de la información, la policía cree que los detenidos adquirían los datos a funcionarios de los Ministerios de Interior, Trabajo y Seguridad Social y Economía y Hacienda, entre otros, además de a otros empleados de empresas privadas como bancos o concesionarios de automóviles.

La policía ha comenzado ya a investigar la lista de proveedores de los detenidos y considera "muy probable" que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días. Los miembros de la red fueron detenidos por presuntos delitos de cohecho. Si se produce alguna detención de funcionarios, éstos pueden ser acusados de presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.

José Quevedo, presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), manifestó ayer a Radio Nacional de España: "Tenemos la absoluta seguridad de que del INE no ha podido salir ningún dato en soporte informático. Es imposible porque en el censo de población hay una orden que obliga a no grabar en ningún soporte informático, ni el nombre ni el apellido ni la dirección de ningún ciudadano. Los datos no han podido salir de nuestras cintas porque no existen tales cintas".

Actualmente hay un vacío legal sobre este tipo de delitos ya que la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales está en trámite parlamentario. La Comisión de Libertades e Informática emitió ayer una nota en la que critica a "los sucesivos gobiernos democráticos" por no haber impedido con leyes "el uso descontrolado de las tecnologías informáticas".