La falta de financiación obligara a anular las inversiones de este año en el transporte

Nadie quiere hacerse cargo de la subida de los transportes públicos para 1992. La reunión que ayer celebró el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes, durante tres horas y media, ni acordó ni aclaró nada. La indecisión provocada por la estampida municipal, que ha reducido su aportación en 6.000 millones de pesetas de los 10.000 que se habían programado, se mantiene otra semana. El aumento del precio del metro y del autobús un 40% se descarta, pero no una subida próxima al 10%, así como la supresión de los 6.000 millones previstos para inversiones de mejora de estos dos servicios.

El Ayuntamiento no está de acuerdo con el funcionamiento del Consorcio Regional de Transportes, que controla la Comunidad, y además de limitar su asignación, que considera incluso "un exceso", había anunciado oficialmente que iba a reclamar sus auditorías de gestión desde la creación de este organismo en 1985.Los responsables de la Comunidad y del consorcio descalifican esta postura "por insolidaria" y habían adelantado que, además de impugnar los presupuestos municipales, habría que incrementar las tarifas del metro y los autobuses un 40%, con lo que el billete sencillo pasaría de 115 a 160 pesetas.

Éstas eran las amenazas lanzadas por las distintas instituciones hasta ayer. La reunión del consejo de administración del consorcio no sólo no ha aportado ninguna de estas medidas, sino que ha dejado todo pospuesto.

Los políticos del Ayuntamiento y de la Comunidad llevan tres meses discutiendo sobre este asunto y dándose plazos para ponerse de acuerdo, pero no lo han logrado. Al parecer, necesitan otra semana. La fecha ahora es el 15 de enero. Mientras tanto, una comísión delegada, en la que estarán representados a partes iguales, discutirá e intentará consensuar alguna salida.

Éste fue el anuncio que realizaron ayer tanto el presidente del consorcio y consejero de Transportes de la Comunidad, Julián Revenga, como el vicepresidente de este organismo y concejal de Circulación, José Antonio García Alarilla.

Ninguna de las dos instituciones madrileñas, gobernadas por partidos distintos (PP el Ayuntamiento y PSOE la Comunidad), quiere afrontar en solitario el coste social de unas subidas de las tarifas tan importantes. Pese a que ayer las declaraciones públicas de los distintos portavoces pretendían transmitir la idea de una mejora en las relaciones y de una posibilidad de diálogo, otras fuentes no estaban tan contentas.

Los concejales del PSOE y de IU criticaron no haber conseguido ayer ningún acuerdo. Fuentes de la Comunidad reconocieron que se podía interpretar una posición de debilidad en su postura y que tendrían que haber presionado más al Ayuntamiento con la impugnación de los presupuestos.

Revenga explicó que por el momento sólo" se podía decir que ha terminado una etapa en el transporte público madrileño,, que comenzó en 1985 y que se regía por los actuales convenios, y que empezaba otra a negociar. El consorcio aprovechó para reclamar del Ayuntamiento una deuda de 5.982 millones.