Movilizaciones y planes

LOS MINEROS asturianos vienen sosteniendo un pulso con el Gobierno a cuenta de la reestructuración de Hunosa. En la protesta convocada el pasado viernes demostraron su capacidad de movilización a través de un paro general en la cuenca minera y una manifestación con más de 15.000 asistentes. Como contrapartida, los líderes sindicales que estuvieron 11 días en el pozo Barredo abandonaron su encierro ese mismo viernes sin poder apuntarse ningún cambio significativo en los planes del Gobierno, que se ha limitado a anunciar nuevas reuniones de carácter informativo.El presidente González explicará a los diputados socialistas asturianos que el recorte de puestos de trabajo en Hunosa -unos 6.000 sobre un total de 18.000- viene impuesto desde Bruselas por las limitaciones que impone la Comunidad Europea a las subvenciones industriales. El ministro de Industria, Claudio Aranzadi, hará lo propio ante la comisión correspondiente del Congreso. Una vez más, el esfuerzo de explicación pública se intensifica sólo cuando están ya en marcha movilizaciones que han ido adquiriendo un tono radical.

De todos es sabido a estas alturas que el sector minero asturiano está condenado a la extinción. La primera fase tiene una fecha concreta y próxima: 6.000 trabajadores -una tercera parte de la plantilla de Hunosa- perderán su empleo antes de 1993. El resto, gradualmente, 10 años después. También se sabe que el Gobierno debe presentar un plan de futuro de la empresa ante la CE el 31 de enero, y que de su aprobación o rechazo depende el que se penalicen las subvenciones.

Que la revolución industrial, como otras, hace aguas no es ninguna sorpresa: sectores como la minería, la siderurgia o la industria naval caminan irremediablemente hacia una profunda transformación. Es casi un destino histórico, y es seguro que las socieda des desarrolladas no soportarán en el umbral del siglo XXI industrias cuyo mantenimiento exige una auténtica sangría económica. Sin embargo, sorprende que con tanto diagnóstico a plazo fijo se haya permitido que la situación se deteriorara hasta puntos poco menos que irreductibles.

El Gobierno, conocedor desde hace tiempo de los defectos estructurales del sector y de las exigencias comunitarias, no ha sabido o no ha querido trasladar su información ni a la sociedad civil ni a un mundo sindical que, lógicamente, tratarán de impedir una reestructuración que atenta -en mayor o menor grado- a su propia supervivencia. Las promesas de reindustrialización llegan tarde y con una credibilidad cuando menos discutible. Existen precedentes, como el ya citado sector naval, en el que el cumplimiento de lo prometido ha sido parcial. También en esta ocasión se demuestra que no basta con tener la información correcta y hacer el diagnóstico acertado. Los ciudadanos exigen con todo el derecho que se les demuestre la inevitabilidad de todo aquello que afecta a su futuro. Por todo ello, convocar reuniones informativas, hablar con las partes implicadas en el conflicto, no puede ser una consecuencia de las movilizaciones y protestas populares, como tal parece en este caso, sino un requisito previo e ineludible.

Los sindicatos, por su parte, anuncian ya nuevas manifestaciones y presiones más radicales si el Gobierno no modifica sus planes. Es evidente que ninguna protesta, por amplia y solidaria que sea, modifica el sentir histórico: puede demorarlo, pero cada vez en menor medida. Los sindicatos pueden negociar contrapartidas y plazos, pero en ningún caso podrán impedir que se termine de imponer en Asturias un proceso de reconversión que en la minería eurcípea empezó hace ya dos decenios. De ahí que amenazar con nuevas jornadas vindicativas -que suelen tener un colofón de violencia- sólo conduce hacia un aislamiento de perfil numantino.

Por último, el conflicto tiene derivaciones políticas directas que no se pueden obviar. El partido socialista vive con caracteres de desgarro interior un litigio que en buena medida pone al descubierto sus propias limitaciones políticas. En su lógica económica no cabe -aparte de las directivas de Bruselas- seguir subvencionando los empleos de Hunosa de forma indefinida, y no se le puede criticar por ello. Pero al mismo tiempo, su política industrial es incapaz de ofrecer una salida razonable para miles de familias que pretenden justificadamente habitar la tierra en la que nacieron. Cuando el PSOE llegó al Gobierno, hace ya nueve años, sabía que más pronto que tarde tendría que ha cer frente a la quiebra de la mínería asturiana. Alguien debería responder por el tiempo perdido.