Préstamos entre el 5% y el 11%, a 15 o 20 años

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto que regulará las ayudas a la vivienda durante los próximos cuatro años, periodo de vigencia del nuevo plan de vivienda del Gobierno.Las ayudas establecidas afectan a familias con ingresos inferiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional (53.250 pesetas), es decir aquellas que tengan unos ingresos anuales ligeramente superiores a los cuatro millones de pesetas. En concreto, estas ayudas consisten en préstamos subsidiados a un tipo de interés comprendido entre el 5% y el 11% a un plazo de 15 ó 20 años y en subvenciones, que pueden alcanzar el 10% del precio de la vivienda.

Este plan tiene como finalidad facilitar "el acceso a la vivienda a 400.000 familias, bien a teavés de la compra de viviendas nuevas o usadas, bien a través del alquiler", según señaló ayer el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell.

El objetivo del Ejecutivo es que a lo largo del año próximo el plan afecte a 84.300 personas, a 108.550 durante 1993, a 101.500 en 1994 y a 105.700 en 1995.

Borrell detalló que el coste de las ayudas estatales directas al plan 1992-1995 ascenderá a 308.872 millones de pesetas. La financiación se completará con convenios con los bancos y cajas de ahorros, para los que el Gobierno tiene previstos unos 500.000 millones de pesetas anuales. Para el año próximo, una parte importante de esos 500.000 millones, unos 150.000 serán cubiertos por la Corporación Bancaria de España.

Este decreto será plenamente operativo cuando las comunidades autónomas firmen los respectivos convenios con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), puesto que las autonomías son las responsables de la tramitación y resolución de solicitud de ayudas. Borrell anunció que la firma se efectuará el próximo 20 de enero.

Ley de Puertos

Por otra parte, el Ejecutivo también aprobó en su reunión de ayer el proyecto de ley de Puertos y de la Marina Mercante. Este texto prevé la creación del ente público Puertos del Estado que actuará como un holding del que colgarán todos los puertos españoles.

Borrell, en el transcurso de la presentación de este proyecto de ley, señaló que "esta estructura tiene como objetivo potenciar la autonomía de todos los puertos, que deberán operar como auténticas empresas".