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DESPUÉS DE MAASTRICHT

La CE no podrá legislar sobre contratación eventual ni comités de empresa europeos

La creación de comités de empresa europeos para las multinacionales y la armonización de la contratación temporal son sólo dos de las iniciativas de la CE en política social que quedan anuladas tras la cumbre de Maastricht. Según el tratado acordado en la ciudad holandesa, la CE no tiene competencias en política social, lo que reduce a nada buena parte de las 47 iniciativas de la Comisión Europea en la materia.

Ante la oposición del Reino Unido, los restantes 11 miembros de la CE han firmado un protocolo anexo al tratado, por el que se comprometen a llevar adelante una política social.En consecuencia, casi todo el trabajo realizado en los últimos años por la Comisión queda en papel mojado, ya que la futura Unión Europea no podrá legislar en materia social. La Comisión había tomado iniciativas en materia de despidos colectivos, protección contra el dumping social, jornada laboral, salarlo mínimo, contratación temporal, protección social y participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, entre otras materias. Las únicos temas en los que habrá una legislación comunitaria son los referentes a salud e higiene en el trabajo.

Con el tratado de Maastricht, la política social de la Comunidad quedará reducida a las ¡niciativas de la CE a 11 (sin en Reino Unido), como el desarrollo de la Carta Social, que carecerán de la fuerza legal de una directiva comunitaria. El veto británico a una política social de la CE se extendió más lejos que el que también había impuesto a la unión monetaria. Respecto a la moneda única John Major optó por una cláusula de exclusión -opting out-, que da al Reino Unido la posibilidad de quedar al margen del sistema monetario. Con ello, Major no bloqueó la moneda común, ya que los 11 países restantes pueden seguir su propia política. En cambio, el premier británico bloqueó la política social al no aceptar el opting out, en esta materia.

Reacción sindical

La valoración de los sindicatos de los resultados de Maastricht ha sido muy prudente. En un comunicado, la CES afirma: "Sobre la base del protocolo anexo al tratado, los 11 estarán en disposición de desarrollar una legislación social sobre los temas que la CES había considerado mínimos indispensables". Fuentes sindicales indicaron que, antes de dar una valoración del tratado, habrá que ver de qué forma se desarrollará la política social de los 11, sin el Reino Unido.

Hasta mediados de este año, la Comisión Europea había tomado 47 iniciativas en materia de política social. Una de las más significativas estipula que, si los sindicatos lo solicitan, deberán tener comité de empresa europeo todas aquellas multinacionales que estén establecidas en más de dos países y cuenten con una plantilla superior a los 1.000 trabajadores. El comité europeo tendría atribuciones informativas, "pero sería un instrumento de enorme importancia de coordinación sindical", según el responsable de Relaciones Internacionales de CC OO en Cataluña, Carles Vallejo. La mayor parte de las medianas y grandes empresas españolas deberían tener comité europeo si se aprobara la propuesta de la Comisión.

La Comisión también tiene preparado un borrador de directiva sobre contratos atípicos. Una directiva de este tipo podría tener trascendencia en la revisión de las modalidades de contratación temporal que hay en España, y que ha sido reiteradamente solicitada por los sindicatos al Gobierno, según Vallejo.

'Dumping' social

Una propuesta polémica era la de definir qué tipo de regulación establecería la Comisión para una cláusula de protección contra el llamado dumping social. Algunos jefes de Gobierno han acusado a John Major de no aceptar una política social común para obtener respecto a los restantes países ventajas laborales.La Comisión había elaborado asimismo un informe para introducir en los estados miembros un salario base justo, una especie de salario mínimo interprofesional para toda la CE. En cuanto a jornada laboral, la Comisión aprobó una directiva al respecto en julio de 1990. También hay un proyecto de directiva para revisar la vigente desde 1975 respecto a despidos colectivos, que debe armonizar las distintas legislaciones vigentes en la CE. Respecto a protección social, hay una recomendación que diseña una estrategia para la convergencia de los objetivos en los sistemas de seguridad social. La CES ha solicitado que esta recomendación tenga carácter de directiva.

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