La telaraña informática

Silenciosamente, se va deslizando por los corredores del palacio legislativo la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. Arropada por la Ley de Seguridad Ciudadana y envuelta en los paños informativos que proporciona la actualidad, apenas ha suscitado la reacción de grupos aislados que pugnan por llamar la atención de los ciudadanos y de los poderes públicos sobre los peligros de las redes informáticas que proliferan como telas de araña dispuestas a atrapar entre sus hilos la totalidad de la vida y milagros de todos los españoles.Puede resultar excesivamente dramático abordar la incidencia de las nuevas tecnologías en la vida y las libertades de los ciudadanos, llamando la atención sobre los peligros de su monopolización funcional al servicio de intereses políticos y económicos.

Una afirmación tan rotunda como genérica puede ser tachada de maximalista y encontrar escaso eco en los beneficiarios de la denuncia. Todos nos hemos acostumbrado a una convivencia natural y pacífica con la abundante oferta de quincallería informática que intenta hacemos caer en la tentación de abrir nuestros domicilios a pantallas y teclados de atractivo formato. Estos fascinantes y juguetones cacharros, tan listos y eficaces, anulan la fuerza de los mensajes pesimistas, convirtiéndolos en proclamas inoperantes o alarmismos de dudoso fundamento.

Sin entrar de momento en más profundas reflexiones, lo cierto es que el dominio de la tecnología informática permite a los poderes políticos y a los grupos financieros e industriales tener acceso a un caudal informativo -teóricamente ilimitado-, que desplaza los tradicionales centros de poder político.

La informática aporta a la sociedad un instrumento insustituible para recoger, almacenar, clasificar, racionalizar y proporcionar datos e informaciones útiles y necesarias para la gestión de toda clase de servicios y actividades, tanto del sector público como del sector privado.

El ordenador en el que se acumula toda la información obtenida por la entidad que lo maneja y regula puede, en principio, limitarse a proporcionar los datos registrados con arreglo a las necesidades de su titular, pero, al mismo tiempo, está en disposición de transmitir todo el caudal informativo de que dispone a todos aquellos a los que pueda interesar o convenir para sus fines. Los actuales sistemas de telecomunicación proporcionan el vehículo adecuado para difundir el contenido de una memoria magnética en todas las direcciones y a la velocidad de la luz.

Bancos de datos

La aparición y desarrollo de la microelectrónica ofrece, por último, unas posibilidades de diseminación y vulgarización de los sistemas de ordenación y registro de datos que permiten su oferta a bajo coste a gran número de usuarios hasta el punto de convertir la imagen del ordenador personal en un aditamento usual de muchos hogares. Por otro lado, la creciente multiplicación de los vídeos terminales permitirá a muchos particulares el acceso directo a determinados bancos y centros de documentación que explotan las prestaciones de estos servicios.

No obstante, el coste que supone la creación y manejo de un sistema informatizado de datos no permite que todos los sectores sociales tengan la posibilidad de explotarlos, y sólo los grandes núcleos de poder económico y los organismos de la Administración del Estado pueden utilizar bancos de datos y sistemas informatizados que contengan información relevante sobre gran número de ciudadanos.

La tecnología se convierte así en un instrumento al servicio del poder. La tecnología es poder, o, si se prefiere, sirve al poder dotándole de unas posibilidades de información insospechadas en épocas anteriores.

El control de los centros de poder económico y político, unido a las posibilidades de la maquinaria informática, sitúa al poder en unas cotas de predominio nunca alcanzadas en la historia.

La técnica, como todo medio instrumental, puede ser puesta al servicio de una idea o de un sistema político determinado y de sus valores esenciales.

A los ciudadanos corresponde desarrollar y perfeccionar la tecnología, a los políticos decidir y escoger entre sus posibilidades alternativas. Los científicos nos marcarán, en cada fase de su investigación, los límites de sus posibilidades técnicas, pero el político nunca puede dejarse llevar por la aparente neutralidad de los avances científicos cuando, con su aplicación, se pone en juego el futuro de la sociedad y los derechos y libertades de los ciudadanos.

Conscientes de este riesgo para los propios fundamentos del sistema democrático, las sociedades más estables y sensibilizadas han tratado de reaccionar abordando todos los aspectos -positivos y negativos- que se desprenden de la utilización de bancos de datos informatizados conectados a las redes de comunicación más avanzadas.

El proyecto de la ley española para la protección de los datos de carácter personal viene a llenar un vacío largamente sentido, pero su redacción actual suscita serios reparos. La clave del arco de cualquier sistema de protección radica en la posibilidad de controlar, de manera efectiva, los bancos de datos en poder de las Administraciones públicas y de los grandes núcleos del poder financiero. Esperemos que a lo largo del debate parlamentario el órgano de fiscalización y protección -Agencia de Datos- cobre nuevas competencias y una mayor autonomía.