El 'déficit democrático' no tiene remedio
Los esfuerzos de Helmut Kohl por introducir un poco más de democracia en el funciónamiento de la Unión Europea no han hallado suficiente eco en el borrador de tratado que se va a encontrar hoy sobre la mesa.Precisamente antes de comenzar sus debates, los Doce recibirán al presidente del Parlamento Europeo, el español Enrique Barón, quien les transmitirá la ya conocida opinión de los eurodiputados: el proyecto de tratado es un engendro.
En teoría, el Parlamento Europeo obtendrá poder de codecisión en todo lo que se denominan "políticas comunitarias" aquellas en las que el Consejo de Ministros se pronuncia además, y salvo excepciones concretas, por mayoría cualificada. El problema es que el mecanismo de "codecisión parlamentaria" (poder de veto final) es tan complicado que queda reducido a una especie de absurdo.
Los eurodiputados ya han anunciado que, si no se aligera ese trámite, pasará a engrosar la lista de motivos por los que están, dispuestos a emitir un dictamen negativo.
Su voto, aunque no tiene poder vinculante, podría influir en el de algunos Parlamentos nacionales, que sí se pueden negar a ratificar el tratado.
La cumbre de Maastricht, en cualquier caso, supondrá una ampliación de las "políticas comunitarias", es decir, del campo de competencia de la Comunidad Europea en detrimento de los Gobiernos nacionales, que traspasarán su soberanía. Hasta ahora, la Comunidad reglamentaba unitariamente, por ejemplo, la política agrícola o la libre circulación de mercancías. Ahora se introducen ocho nuevas competencias: política económica y monetaria; política social, de educación y formación; medio ambiente; grandes redes de comunicación; industria; salud pública; cultura y cooperación al desarrollo.
Acuerdo básicoSalvo el tema de política social, sobre el que el Reino Unido no quiere ni oír hablar, existe ya un acuerdo básico entre los Doce sobre esa ampliación de competencias comunitarias. Eso no quiere decir que no se vaya a plantear una seria discusión en Maastricht sobre estos puntos, porque cada país quiere que se introduzcan numerosas excepciones concretas.
España, por ejemplo, solicita conservar el derecho de veto en casi el 80% de los aspectos comprendidos en medio ambiente, y muy fundamentalmente en cualquier decisión del Consejo de Ministros que suponga un gasto económico a sufragar por cada país.
Las discusiones previas a la cumbre ya consiguieron dejar fuera de la lista comunitaria tres capítulos inicialmente previstos: energía, protección al consumidor y protección civil. En los tres casos se observó que ponían en juego demasiados intereses económicos como para dejarlos en manos de una mayoría y renunciar al derecho de veto.
