Una política social imposible para los británicos
S. G. D. / F. M La política social es la asignatura pendiente de la CE a aprobar en el tratado, aunque se enfrenta al radical rechazo del Reino Unido. La Comisión Europea sólo posee un reducido margen para hacer propuestas basadas en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. La Carta Social de diciembre de 1989, convertida en una simple declaración solemne por el veto británico, ha mostrado su inutilidad. Ninguno de los proyectos de directriz presentados hasta el momento ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de la CE.
El proyecto de tratado, en los artículos 117 a 127, describe un programa de acción comunitaria cuyos objetivos son promover el empleo, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, "una protección social adecuada", el diálogo social, un alto nivel de empleo y la lucha contra la marginación. Aunque las leyes comunitarias están sometidas a la aprobación por unanimidad, es decir, al veto, en temas como seguridad social, protección de los trabajadores, negociación colectiva y subvenciones de paro, Londres se niega a dar competencias a la CE. "Este tema toca al corazón del thatcherismo", dice un diplomático. España es también restrictiva en cuanto a decidir por mayoría.
La vía de acuerdo posible que puede intentar la presidencia holandesa es una cláusula evolutiva, de forma que la nueva política social eche a andar casi sólo por unanimidad. La mayoría cualificada se abriría camino tras una cierta experiencia legislativa.
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