El PP reduce la subida del principal impuesto
El alcalde cumplirá su promesa. Una vez aprobada en el Congreso la subida de un 5% del valor catastral de los pisos -base del impuesto de bienes inmuebles (IBI)-, el Partido Popular reducirá del 0,45% al 0,43% el tipo impositivo que se aplicará al catastro en 1992. Por ello, la subida total del recibo del IBI el próximo año no será del 18,1%, sino del 12,5%. El PP, además, sigue su particular batalla contra el impuesto de actividades económicas (IAE), que pagarán comerciantes y profesionales, cuya difícil gestión, calcula Hacienda, provocará un déficit de 12.000 millones de pesetas.
El equipo de Gobierno del PP propuso en octubre, al pleno en el que se debatieron las ordenanzas fiscales para 1992, una subida del tipo impositivo del IBI del 12,5% (del 0,40% al 0,45%). El concejal de Hacienda, Fernando López-Amor, explicó entonces que esa subida era el resultado de aplicar los dos últimos índices de precios al consumo (IPC). Se recuperaba el del año pasado porque, según López-Amor, en aquella ocasión no se tocó el impuesto.La oposición hizo sus propias cuentas y advirtió que el PP no había tenido en cuenta que el Estado revisa anualmente el valor catastral sobre el que se aplica el tipo, y por ello, la verdadera subida que reflejarían los recibos en 1992 sería de un 18,1 %. El alcalde terció en la batalla numérica y se comprometió a rebajar el tipo cuando se confirmaran las premoniciones de la oposición, como ha ocurrido.
Por ello, los responsables municipales de Hacienda confirmaron ayer que propondrán el próximo mes, en un nuevo pleno en el que se han de ratificar las ordenanzas fiscales, una bajada del tipo impositivo.
El panorama quedará así para un piso con un valor catastral de cuatro millones:
El Estado ha aprobado inicialmente una revisión catastral de un 5%, por lo que el valor del piso pasa de cuatro millones a 4.200.000. Con el 0,45% inicial, el impuesto sería de 18.900 pesetas. Con el 0,43% de la rectificación, el resultado es de 18.000 pesetas. Este año, el propietario del inmueble habría pagado 16.000 pesetas.
Oído en la calle de Alcalá
Mientras, el PP mantiene su particular batalla contra el Ministerio de Hacienda y su intención de aplicar el próximo año a profesionales y comerciantes el impuesto de actividades económicas en lugar de la radicación o la licencia fiscal.
En el pleno de ayer, el grupo popular aprobó sin el apoyo del PSOE ni de IU una moción para "instar al Gobierno de la nación a suspender la entrada en vigor" del nuevo tributo. "Confío en que la voz del Ayuntamiento más importante de España se oiga en la calle de Alcalá [sede del ministerio]", afirmó el alcalde.
López-Amor aseguró que la gestión del nuevo tributo va a crear muchos problemas de gestión. "El censo de contribuyentes es voluntario, y hasta el momento sólo se ha apuntado un 14% de las personas que han de pagar el impuesto".
Hacienda hizo sus previsiones económicas calculando que pagaría el 75% de los contribuyentes. "Siendo optimistas, podrían abonar el impuesto un 40%, por lo que podemos dejar de ingresar unos 12.000 millones de pesetas", explica LópezAmor. El PP incluye en la moción que aprobó ayer una propuesta para que, en el caso de que no se suspenda la aplicación del IAE, "se compense al Ayuntamiento por la pérdida de la recaudación".
La oposición culpó al equipo de Gobierno por provocar una subida de entre el 30% y el 50% en este tributo. El PSOE puso el siguiente ejemplo de una papelería asentada en la calle del General Ricardos:
"Este año hubiera pagado por radicación y licencia fiscal 50.000 pesetas", explicó el concejal socialista Alfredo Tejero. "En 1992, con el IAE, tendrá una cuantía mínima fijada por el Estado de 40.000 pesetas. Esta cifra se multiplica por los coeficientes de población y de calles fijados por el Ayuntamiento que situan el impuesto en 82.800 pesetas", explicó.
En otro punto del pleno, el grupo popular aceptó la petición del grupo socialista de aplazar la aprobación del pliego de condiciones para la construcción y explotación de la Ciudad de los Niños, en la Casa de Campo. El PSOE adujo que no había recibido documentación suficiente, y el PP aceptó aplazar el asunto para que los socialistas conocieran "los completos estudios que se han realizado sobre el proyecto".
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