Pacto municipal: solidaridad, cooperación y corresponsabilidad

La negociación del pacto autonómico se encuentra ya en un proceso muy avanzado, y es más que probable que en próximas fechas concluya positivamente con un acuerdo definitivo entre los Gobiernos central y autonómico. Su firma permitirá que aquellas comunidades que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 143 alcancen el mismo techo competencial que las que lo hicieron por el 151. La asunción de esa treintena de nuevas competencias llevará aparejado un incremento de al menos ,cuatro puntos en la participación de las comunidades autónomas en los gastos del Estado, situándose de este modo en una cuota cercana al 29%. Al tiempo que servirá de instrumento para la normalización de las relaciones entre ambas administraciones, el pacto contribuirá a crear una mayor uniformidad entre las distintas regiones, terminando con esa situación de agravio comparativo puesta de manifiesto entre unas y otras. Un acuerdo, en suma, que además de estabilizar el debate competencial, influirá de forma decisiva en la futura definición del modelo de Estado.Aun siendo éste un paso importante en todo este proceso de descentralización, que tiene como fin reforzar el principio de capacidad y de eficacia de la Administración, en ningún caso debe considerarse cerrado en este punto, sino que ha de tener una continuidad, prolongándose hasta el siguiente escalón, incorporando a los órganos de la Administración más próximos, y por ello más vivos, al ciudadano: los ayuntamientos.

Desde la restauración de la democracia en nuestro país, los ayuntamientos se han tenido que desenvolver en una casi permanente agonía financiera; es cierto que se han arbitrado diversas medidas para aliviar esa situación, pero no lo es menos que nuestros municipios han comenzado a demandar en los últimos tiempos una nueva política de bienestar. Hasta no hace mucho, las necesidades se centraban, sobre todo, en la creación de infraestructuras y dotaciones básicas; hoy, las exigencias de la población se han ampliado a otro tipo de servicios complementarios, como pueden ser el ocio, la igualdad de oportunidades, la atención primaria o los programas medioambientales. Para dar cumplida respuesta -a estas nuevas demandas de la sociedad, los ayuntamientos están realizando un considerable esfuerzo -todavía no suficientemente valorado en su justa medida- operando en factores a priori tan ajenos a ellos como son los desarrollos económicos, -generando incentivos urbanísticos y fiscales, planes de empleo, apoyo a las pequeñas industrias, iniciativas de creación de empresas, programas de recalificación de la mano de obra en paro; decisiones, en su mayoría, que superan su ámbito competencial, pero que han tenido que asumir con el fin de no alejarse de la realidad más próxima. Ello sólo ha sido posible mediante el incremento del gasto por encima de sus posibilidades reales, lo que les ha llevado a adoptar decisiones que han apurado la capacidad de endeudamiento que les permite la ley.

Un nuevo pacto de Estado

Se impone, pues, resolver esta situación mediante la transferencia de todas estas competencias que, aunque no les corresponden, en la práctica ya están ejerciendo, dotándoles de recursos financieros y medios suficientes para llevarlas a término con garantías suficientes. Por todo ello, creo que es el momento de que empecemos a planteamos seriamente otro gran pacto de Estado que permita despejar todas las incógnitas que en este momento planean sobre la administración local. Sólo así aseguraremos el desarrollo dé la política municipal, imprescindible en el marco de una sociedad moderna. Este pacto municipal, con el que se fijarían claramente los niveles competenciales y las necesidades financieras de los Gobiernos central, regionales y locales, debería fundamentarse bajo tres principios básicos: solidaridad, cooperación y corresponsabilidad.

1. Solidaridad. El principio de solidaridad entre las comunidades autónomas, señalado en el artículo segundo de la. Constitución, debe hacerse extensivo al ámbito municipal. Las particularidades geográficas, sociales, económicas, demográficas y culturales provocan un universo de, necesidades en cada municipio. Es un error básico introducir en el mismo saco a los grandes núcleos, aquejados fundamentalmente por la carencia de vivienda y la marginación, y los pequeños municipios, donde es tarea prioritaria la corrección de la desigualdad de oportunidades existente en casi todos los ámbitos de la vida social (empleo, enseñanza, cultura ... ). Esta diversidad debe materializarse en una participación solidaria y no uniforme, mediante la creación de un fondo interterritorial que distribuya los recursos de acuerdo a las necesidades de cada cual. La nueva fórmula de participacion en el gasto debe variar los actuales criterios demográficos o territoriales, dirigiendo los recursos allí donde sean precisos.

2. Cooperación. En este camino hacia la eficacia en la gestión es necesario reequilibrar las funciones competenciales entre las diferentes administraciones, apareciendo como único vehículo posible la cooperación. Para ello es ineludible una revisión del actual reparto del gasto público -porcentajes que en la actualidad se distribuyen: 59,6%, Administración central; 24%, autonómica; 16,4%, local-. Sería deseable que en el futuro se alcanzase un mayor grado de descentralización de los recursos que se podría,concretar en un 50% para el Estado, y el resto, a partes iguales, para las otras dos administraciones.

La capacidad de descentralización del,gasto que aún le queda al Gobierno central no debe canalizarse a través de las comunidades autónomas, sino que debe buscarse un camino directo entre el Estado y los ayuntamientos, proponiéndose como fórmulas la elaboración de contratos-programa específicos en el que ambas partes, según sus posibilidades, compartan la aportación de medios.

Por otro lado, el incremento de la participación de los Gobiernos regionales por encima del 25%, que se considera idóneo, obliga a éstos a ser solidarios con la descentralización. El proceso de transferencia de aquellas comnpetencias que puedan asumir los municipios supone el consiguiente, traspaso de recursos. Todo este proceso lleva implícito la creación de órganos de cooperación.

3. Corresponsabilidad. Toda esta: transformación en el papel a desempenar por los ayuntamientos ya se ha iniciado. En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo de colaboración en competencias que no son de su exclusiva responsabilidad. Bastaría como ejemplo la aportación que las diferentes policías locales están realizando a una mayor seguridad ciudadana, o, sirva también, la asunción de atribuciones en materia de salud, servicios sociáles, medio ambiente, etcétera. Esta misma corre sponsabilidad debe hacerse extensiva a otros ámbitos, como el efecto de presión fiscal sobre el contribuyente, compartiendo los ayuntamientos una parte de esa impopularidad que lleva implícito el generar nuevos impuestos -caso del discutido impuesto de actividades económicas-, huyendo de la tan fácil como dudosa tentación populista de la congelación de tributos en la esfera municipal para trasladarla a otros niveles.

El aumento de la capacidad de gestión, de la capacidad de gasto, ha de llevar pareja necesariamente la corresponsabilidad en la obtención de ingresos.

Los años que nos restan hasta el 2000 han de ser la década del poder local. Es el momento idóneo para comenzar a definir todo el marco de competencias y de actuaciones, tanto financieras como de cualquiera otra índole, de los ayuntamientos. Debe culminar todo el proceso de descentralización político-administrativa abierto en 1978 con la aprobación de.la Constitución.