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Los vendedores ambulantes legales reprochan al Ayuntamiento que les suba sus tasas un 68%

Javier Casqueiro

Unos 700 vendedores ambulantes legales se manifestaron ayer frente al Ayuntamiento para protestar contra la subida de un 68% prevista en las tasas que han de pagar a cambio de que se permitan sus asentamientos en la vía pública. La concentración fue convocada por la Federación de Comerciantes Ambulantes de Madrid, que agrupa a 4.500 afiliados, de los que -según recalcan ellos mismos- un 65% son gitanos.

Los trabajadores de los 21 mercadillos ambulantes permitidos en Madrid y de los cerca de 80 que se reparten por toda la Comunidad están inquietos, pero no sólo por el aumento de las tasas municipales. Los vendedores entienden que la subida del 68,25% es desproporcionada, "sobre todo teniendo en cuenta que sólo trabajamos un día a la semana". "Nos quieren poner una licencia como la de los comercios clásicos", se lamentó Fernando Peña, tesorero de la federación.El presidente de la Federación de Comerciantes Ambulantes de Madrid, Juan Viu, recordó ayer en una entrevista con el primer teniente de alcalde, Luis María Huete, que el PP se había comprometido en la campaña electoral a no subir los impuestos.

Regulación con ordenanza

Los vendedores reclaman una regulación de los mercadillos con una ordenanza específica y, sobre todo, que no se les regalen puestos a los marginados. "Si se abren nuevos mercados, que sean para todos", indicó Peña. Huete prometió tener en cuenta sus peticiones y les remitió al concejal de Hacienda, con quien deben hablar antes del 10 de diciembre, fecha de aprobación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento.Según el primer teniente de alcalde, las tasas establecidas no son muy elevadas. Huete precisó que por 10 metros cuadrados de exposición se deberán pagar 4.000 pesetas al mes. El concejal añadió que el Ayuntamiento no quiere poner los precios muy bajos para que no proliferen estos mercados.

La protesta de ayer sirvió, además, para que las dos partes se mostraran de acuerdo en oponerse a la aplicación del impuesto de actividades económicas, cuya entrada en vigor está prevista por el Ministerio de Hacienda para enero de 1992. Los directivos de la federación expresaron ayer su oposición a este impuesto, reivindicación en la que sí encontraron buena acogida. "La licencia media que pagábamos hasta ahora estaba en 15.000 pesetas, y con el nuevo tributo se ampliará a 72.000", explicó Juan Antonio Albadalejo, otro directivo.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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