La policía detiene a cuatro personas más por el fraude del IVA y dimiten dos directivos de Renfe

El fraude del IVA descubierto la semana pasada en Madrid -cuya cuantía podría llegar a los 50.000 millones de pesetas, según fuentes policiales- adquirió ayer una mayor trascendencia por la detención de cuatro nuevos implicados, y la dimisión de dos directivos de Renfe. Entre los detenidos figura Salvador Marín Saavedra, presunto cerebro de la operación y propietario hasta hace pocos meses de Hispano Alemana de Instalaciones. Después la vendió a otro de los implicados en esta red fraudulenta. La implicación de Marín podría ser especialmente significativa por la vinculación de este último con el macroproyecto de la inmobiliaria Uribitarte de Bilbao -declarada en quiebra- y que ha salpicado a antiguos dirigentes del PSOE.

El fraude del IVA está vinculado a las operaciones especulativas efectuadas por Equidesa -100% de Renfe- en San Sebastián de los Reyes como se puso de manifiesto con la detención de tres directivos de Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM), sociedad que recibió 400 millones de pesetas de Equidesa y otra instrumental por unos arrendamientos supuestamente ficticios sobre los mismos terrenos (Véase EL PAÍS del 18 de noviembre).El Servicio Central de Policía Judicial ha comprobado que las empresas falsas toman nombres muy similares a otras conocidas, prestigiosas y reales.

Dos de los directivos de CEM, José Antonio Cardós y Carlos de Juan Villa, se encuentran en prisión y sin fianza. Ambos han sido ingresados en prisiones separadas, fuera de Madrid, y han pedido a las autoridades penitenciarias protección personal por tener miedo a represalias. Para José Rivas Villamor, uno de los ocho detenidos el pasado viernes, el juez ha pedido una fianza de 500.000 pesetas para dejarlo en libertad.

Precisamente ayer, Izquierda Unida denunció ante el juzgado de guardia al ministro de Sanidad, Julián García Valverde, por "la posible comisión" de siete delitos cuando era presidente de Renfe. En concreto, la denuncia de IU acusa a García Valverde y a sus cuatro principales colaboradores en Renfe de "prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, malversación de fondos públicos, estafa, falsedad de documento público, delito fiscal, fraude y exacciones ilegales".

Las irregularidades de Renfe han llevado a la dimisión del presidente de Equidesa, Alberto Echeverri, y José Miguel Colmenares, director de Patrimonio y Urbanismo de Renfe, según anunció ayer la presidenta de la compañía pública, Mercè Sala, en Terrassa (Barcelona). Estas dimisiones fueron aceptadas. Por el mismo motivo ya había cesado voluntariamente José María Rodes, quien recibió una indemnización de 12 millones de pesetas.

El responsable de organización de IU, Mariano Santiso, justificó ayer en conferencia de prensa los motivos políticos que subyacen bajo al denuncia.

En primer lugar, IU no entiende "cómo una empresa pública puede justificar la financiación de una nueva línea ferroviaria mediante la especulación inmobiliaria". IU también muestra su estupor por el hecho de que "los anticipos de tesorería se hagan de espaldas. al consejo de Administración de Renfe". En tercer lugar, los denunciantes se preguntan por qué "la regularización posterior se hace con la justificación de una operación inmobiliaria en Barcelona", en lugar de hacer referencia a la de San Sebastián de los Reyes.

Una cuarta duda de IU se refiere al hecho de que los terrenos eran -y siguen siendo- rústicos y, además, están muy lejos de la zona por la que -según los planes de 1979- debía pasar el ferrocarril. Éste fue el aspecto más destacado por el coordinador de IU en Sevilla, para quien, "existen más que indicios" de que se utilizó "información privilegiada" en la polémica compraventa de terrenos de Renfe. Como colofón a todas estas críticas, Izquierda Unida destaca que con esta trama, los ciudadanos "se enfrentan a una operación ruinosa con un gasto público de 1.350 millones en. unos terrenos que sólo sirven, en el mejor de los casos, para plantar berzas".