La oposición pide la apertura de una comisión de investigación

Los principales grupos de la oposición han decidido solicitar la apertura de una comisión parlamentaria que investigue las supuestas irregularidades en las operaciones de compra-venta de terrenos realizadas por la filial de Renfe, Equidesa, en San Sebastián de los Reyes.El diputado del Partido Popular, Mariano Rajoy, expresó su "confianza" en que el Partido Socialista acepte la creación de esta comisión de investigación. También espera que "los responsables de Renfe asuman las responsabilidades políticas correspondientes".

El grupo de Izquierda Unida, mientras, se mostró mucho más pesimista sobre las posibilidades de prosperar que tiene una comisión de este tipo. "La experiencia que tenemos es que el partido de la mayoría [el PSOE] ha frenado sistemáticamente todas las iniciativas de este tipo".

Fuentes del grupo parlamentario socialista informaron ayer que aún no han tomado ninguna decisión sobre la apertura de una comisión de investigación sobre Renfe. El PSOE esperará a que los distintos grupos formalicen sus peticiones para tomar una determinación sobre el tema. Con todo, al cierre de esta edición, el grupo socialista mantenía una reunión en la que estaba previsto analizar la cuestión.

El grupo parlamentario del CDS, mientras, no especificó ayer si pedirá o no la apertura de una comisión de investigación. Su portavoz adjunto, Carlos Revilla, aseguró ayer a Europa Press que Renfe debe dar "una explicación clara sobre su atípica operación" con Equidesa (la filial participada al 100% por Renfe que realizó las operaciones de compra venta de terrenos en la localidad madrileña). Revilla añadió que su partido se reserva el ejercicio de las iniciativas parlamentarias que considere pertinentes.

Apoyo ministerial

Por otra parte, el ministro de justicia, Tomás de la Cuadra, afirmó ayer que la autorización que concedió Julián García Valverde -durante su etapa al frente de Renfe para que se concediese un anticipo de tesorería de 1.800 millones de pesetas le parece perfectamente correcta. En opinión del titular del compañero de gabinete de García Valverde, de los informes se puede presumir la realización de un delito fiscal, pero lo habrían cometido las sociedades intermediarias de la operación y no Renfe.