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Entrevista:

"No queremos ir hacia un neocentralismo"

Luis R. Aizpeolea

El titular de Administraciones Públicas tiene dos frentes de actuacion a cual más trascendente para el inmediato futuro del país: la configuración del Estado de las Autonomías y la reforma de la administración pública.Pregunta: El informe del Gobierno sobre el pacto autonómico dice que el balance del proceso autonómico en España es insatisfactorio. ¿Por qué?

Respuesta: Me parece lamentable que se difunda algo que tiene poco que ver con lo que el Gobierno piensa de la evolución del Estado de las autonomías. No sólo es muy satisfactorio el proceso, sino que es bastante milagroso que partiendo de los presupuestos de los que partíamos hayamos superado tantos obstáculos. Hay que hacer una evaluación favorable de lo que han significado los diez años de proceso autonómico en España

P. Pero el documento habla de insatisfacción..

R. Lo que dice el documento es que a partir del reconocimiento de lo positivo del proceso se puede mejorar en facetas como la cooperación autonómica, que no es un principio que se articule sobre la superioridad del Gobierno de la nación sobre otros entes.

Estado no federal

P. ¿Qué entiende usted por cooperación autononómica?R. Cuando hablamos de cooperación decimos que este Estado, que no es federal, busca unos mecanismos que posibiliten poner en común las vólimtades de las distintas instituciones que componen el Estado, que son también las comunidades autónomas y las entidades locales. Es uno de los aspectos fundamentales del pacto autonómico, aunque aparezca como un pacto para la descentralización política, para el aumento de las competencias de las autonomías de vía lenta, del 143. Las autonomías no pueden funcionar de forma inconexa, sino a través de mecanismos de relación.

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P. Pero con ello, ¿no se trata de meter de tapadillo otra LOAPA (ley elaborada en 1981 para poner un techo a las competencias de las autonomías y que fue declarada insconstitucional)?

R. No es esa la posición del Gobierno. Jurídicamente no es posible y, además, no queremos ir a un neocentralismo. Lo que queremos es una descentralización, no sólo de la Administración, sino del poder político. La cooperación autonómica marca la segunda fase de la descentralización. No podemos montar un Estado de las autonomías desde la perspectiva del intervencionismo del Estado. El principio de la autonomía es el del ejercicio de una serie de facultades reconocidas por cada una de las instancias, pero que no puede olvidar que un Estado tiene que funcionar articuladamente.

P. El documento dice que el Gobierno exhortará a las autonomías a abandonar el principio del libre ejercicio de competencia que ignora a las demás administraciones. ¿No es una amenaza a las competencias de las comunidades en nombre de la cooperación?

R. Ha habido un periodo en el comienzo del funcionamiento de las autonomías en el que se decía que la cooperación era una pretensión de invasión de competencias y que la autonomía era su libre ejercicio. Esto último es verdad, pero no puede establecerse en términos de ignorancia de la existencia, de instituciones que también tienen otras competencias y que tienen que funcionar en el marco de un Estado que es único. Lo que se trata es que la cooperación se realice en el marco de las relaciones multilaterales, que nos permitan hacer políticas conjuntas en áreas que inciden en la vida de los ciudadanos.

P. Y eso, ¿en qué se concreta?

R. Por ejemplo, en la experiencia de Alemania, con la aplicación de técnicas de federalismo cooperativo donde existen mecanismos cooperativos para abordar los problemas, para evitar conflictos. En nuestro caso, por ejemplo, el reto que plantea la vivienda, que es en buena medida competencia de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales y qué interesa a muchos ciudadanos, necesita de la cooperación de diversos escalones. Ya existen mecanismos cooperativos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y las conferencias sectoriales. Las competencias no son compartimentos estancos. Hay que ponerlas en común con las demás instancias. Tenemos que pasar de una etapa de atrincheramiento a la articulación y cooperación de las instancias.

P. El documento del Gobierno refleja también reticencias a las transferencias de Sanidad y Educación.

R. La posición del Gobierno es que los temas hay que abordarlos con seriedad. La dialéctica del pacto autonómicono es contra más competencias, mejor. Lo que el Gobierno quiere plantear a los partidos es los problemas que hay detrás de cada una de las competencias. Estas dos transferencias suscitan problemas mayores que otras. Estamos hablando de un volumen muy importante de funcionarios, de un sistema de financiación específico, de un volumen de recursos muy importante también. El Gobierno quiere sustituir la dialéctica del sí o el no por la del análisis. Ese es el criterio.

Vía de transferencia

P. Tras las conversaciones con los partidos, ¿cuál va a ser la vía de transferencias para las comunidades del 143: la reforma de los estatutos de autonomía o la delegación de competencias de Estado?R. Cuando estamos haciendo una operación de tal calado, que puede alterar el mapa regional español, es más manejable utilizar el procedimiento del artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas. Además, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, un proceso de descentralización política que constituye una segunda fase para finalizar el proceso constituyente, tiene que ser conducido por los representantes de la soberanía nacional, por los partidos que hicieron posible la puesta en marcha de la Constitución y el proceso autonómico con la elaboración del título VIII de la Constitución y delos estatutos de autonomía. Eso no significa la ignorancia de las instituciones, sino que los representantes de la soberanía nacional quieren proseguir con ese proceso. Además espero que se puedan salvar los principios de cada uno y no se comprometa la seriedad del proceso evitando procesos heterogéneos e iniciativas inconexas.

P. ¿Cómo ve la posibilidad de que las comunidades gestionen una parte del IRPF como fórmula de reforma de la financiación autonómica?

R. Esa pregunta no puede tener una respuesta. A mí me parece que la corresponsabilidad fiscal es mucho más amplia que la participación en el IRPF. Requiere mecanismos diversos. Algunos ya se han planteado. ¿Hasta qué punto puede dejarse a las comunidades autónomas algún impuesto como el IVA minorista o los recargos que pueden contribuir a la corresponsabilidad fiscal? No está institucionalizado. Estamos hablando de ideas que pueden servir a la corresponsabilidad fiscal. Esa es la idea esencial: que no existan instancias que exclusivamente gastan y que al gastar tienen que reclamar al Estado mayores ingresos sino que la idea de gasto vaya unida a la de ingreso. Es un tema bastante amplio como para vincularlo al IRPF. El Gobierno tiene una actitud abierta en torno a este tema. Lo que sí cree es que los avances que ser fruto de un acuerdo.

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