El Gobierno se compromete ante las comunidades a abordar este año toda la reforma de la financiación

La Administración central y las comunidades autónomas avanzaron ayer en la idea de coordinar su política presupuestaria, de forma que sea posible fijar un objetivo de déficit público conjunto. Esta propuesta figura dentro del temario para la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, acordado ayer. En contra de lo que pretendía el Gobierno, todos los aspectos se discutirán este año, incluida la corresponsabilidad fiscal y las fórmulas alternativas para lograr un menor peso de la financiación condicionada (fondos para gastos específicos).

La propuesta efectuada por el Gobierno central de llevar a cabo el debate sobre la nueva financiación autonómica en dos fases fue rechazada ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Ministerio de Economía pretendía abordar en una primera fase la coordinación presupuestaria y el problema del endeudamiento autonómico, junto con las modificaciones del actual sistema de financiación. Esta primera ronda, que debía acabar el 31 de diciembre próximo, daría paso a otra fase, en 1992, que abordaría los aspectos más complejos como es el de la corresponsabilidad fiscal.Sin embargo, ayer se elaboró un amplio programa de temas con la intención de finalizarlo el 31 de diciembre. Según este acuerdo, la discusión se llevará a cabo en grupos de trabajo en tres sesiones. En la última quincena de diciembre, se volverá a reunir el pleno del Consejo para, si se llega a un acuerdo, poner en marcha el nuevo sistema de financiación autonómica a partir del 1 de enero de 1992.

Sí se aceptó, sin embargo, que la negociación comience por el problema de la coordinación presupuestaria, como proponía el Gobierno. Así, se intentará acordar unos escenarios donde se fijará un objetivo de déficit público para todas las administraciones públicas.

Endeudamiento

Junto a la coordinación presupuestaria, se debatirá el problema del endeudamiento autonómico. Se acordó añadir nuevos criterios al límite del endeudamiento (actualmente es el 25% de los ingresos corrientes). Con todo, entre las comunidades existe un enorme malestar por lo que consideran que el Gobierno está magnificar el problema del endeudamiento autonómico. Este malestar quedó muy patente en unas recientes declaraciones del consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Maciá Alavedra, que calificó de "cortina de humo" los informes divulgados por el Gobierno sobre esta cuestión.En segundo lugar se debatirá la posibilidad de dejar incondicionadas algunas de las transferencias del Estado, entre, ellas, las que se destinan a subvencionar la gratuidad de la enseñanza privada. Ello significaría que, en caso de alcanzarse un acuerdo, las comunidades podrán emplear estos fondos con total libertad, según sus prioridades de gasto. Una de las principales críticas al actual sistema es que resta capacidad a las autonomías para decidir con criterios políticos la distribución de sus presupuestos ya que una gran parte se destina a partidas predeterminadas por ser transferencias del Estado destinadas a temas concretos (educación, sanidad, etcétera).

La denominada corresponsabilidad fiscal se debatirá a continuación y dentro de este ejercicio, según el calendario acordado ayer. En el temario a debatir sobre este aspecto figuran el papel de los actuales tributos propios de las comunidades autónomas, el de los tributos cedidos con la posible cesión de otros y el de los recargos sobre tributos estatales, en concreto, sobre el IRPF. Las comunidades se mostraron abiertas al debate en este último punto, pese a que en la anterior reunión del 6 de noviembre la rechazaron de plano.

La revisión de los actuales criterios de reparto de los fondos del Estado entre las comunidades autónomas se discutirá en tercer lugar. Y, por último, se abordará la posibilidad de que todas las comunidades dispongan de recursos equiparables para financiar la prestación de los servicios públicos.