Contra las desigualdades y a favor del las diferencias

"La política, y sobre todo el gobernar, es una creación; y a lo que nosotros debemos aspirar es a poner en ejercicio una voluntad creadora, anterior a los textos escritos, que no consiste en cifrar artículos en un código; sino en hacerlo vivir. Y, por mucho que nos esforcemos en crear una Constitución perfecta, nunca tendremos más Constitución que la que nosotros sepamos ir viviendo". Eran los términos con los que exponía Manuel Azaña a sus correligionarios las funciones creadoras dela política y del gobierno en el otoño de 1931.Es útil recordar, al cabo de 60 años, estas palabras y tan insigne figura, como también sería necesario reflexionar sobre los sugerentes contenidos del discurso que pronunciara el mismo Azaña en 1932 a propósito del Estatuto de Cataluña. Pero, sin duda, el mejor homenaje a su talento consiste en desembarazarnos de prejuicios supuestamente históricos para crear, con las experiencias y el esfuerzo reflexivo de todos, un porvenir que ensanche la prosperidad de todas las personas.

En efecto, hoy nos encontramos en un debate sobre el despliegue constitucional de la España de las autonomías con.dos cuestiones concretas,en liza: la ampliación de competencias y el modelo de financiación autonómica. Los expertos han realizado aportaciones que iluminan las diversas alternativas. Los políticos negociamos mientras tanto en la tramoya, antes de salir al escenario. Pero es una preocupación minoritaria que tenemos que sacar de los círculos de los entendidos para transformarlo en debate ciudadano. Así lograremos llenar de contenido los tan manoseados principios de autonomía y de solidaridad.

El consenso ha funcionado

Alguien encontrará resonancias épicas en la afirmación de que está en marcha la construcción de la prosperidad de todo el Estado. España es bastante más que unos símbolos o que el sumatorio de 17 territorios. Es un conjunto de personas que aspirarn cotidianamente a vivir en paz y a vivir mejor. Por primera vez en nuestra historia, se ha encontrado una fórmula constitucional estable que permite la convivencia plural de los que habitamos en este país.

Bastaría acudir a las hemerotecas y comparar las posiciones y los problemas planteados en los primeros años ochenta para constatar el avance sustancial que se ha realizado para saldar las herencias de un pasado centralista y autoritario, entreverado de inicomprensiones y tópicos falsos.

La España de las autonomías está funcionando bien, porque todos hemos sabido ir viviendo la Constitución: ha funcionado el consenso y el sentido común. Se ha descentralizado el gasto público no por afán de poder regional, sino para satisfacer mejor las necesidades ciudadanas. Y, sobre todo, se ha introducido por primera vez en la historia de España la solidaridad como principio de distribución territorial del gasto público para corregir las diferencias de renta y de bienestar entre los ciudadanos.

Por eso, el modelo de financiación de las comunidades autónomas no es más que una parte de un debate más amplio. En cualquier caso, de un debate que no puede plantearse como un nuevo desencuentro ni como una sarta de reproches históricos entre vecinos envidiosos. Es necesario recordar que la modificación del sistema de financiación se produce al concluirse el plazo fijado en el acuerdo de 1986.

La fórmula establecida ha sido satisfactoria globalmente. Sin embargo, ha finalizado el plazo, se han acumulado nuevas experiencias y la magnitud de las transformaciones sociales que se están realizando en España exigen mecanismos novedosos que garanticen un futuro de prosperidad equilibrada.

En este sentido, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) es una buena ley. Permite flexibilizar los instrumentos. financieros para adaptarlos a las necesidades de un desarrollo autonómico solidario. Por eso fue posible el consenso para lograr el acuerdo de-noviembre de 1986, antes citado, y el de febrero de 1990 para la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Con tales experiencias, podemos abordar con optimismo la innovación necesaria para desplegar y perfeccionar todos los mecanismos previstos en la LOFCA. "Una Hacienda propia y una Hacienda elástica" era la fórmula que propugnaba también Manuel Azaña, a fuerza de ser reiterativos en su cita. Y es,que la LOFCA lo permite, y además es una ley que nadie ha puesto en duda. El mismo espíritu de concordia que ha presidido el diálogo sobre la financiación autonómica hasta hoy debe ser la norma para establecer los perfeccionamientos necesarios. El debate sereno es una responsabilidad y una exigencia, porque la Hacienda pública no es una tarta para dirimir poderíos históricos. Es fácil comprender que el progreso de Cataluña, de Madrid o del País Vasco significa progreso para España y, por tanto, progreso también para Andalucía, Galicia o Castilla-La Mancha. Viceversa, que los avances sociales que se están produciendo en las regiones menos desarrolladas también repercuten en toda España. Como castellano-manchego, me alegra la prosperidad de Navarra o de la Comunidad Valenciana, y me preocupan los problemas industriales que afectan a los ciudadanos de As turias o de Euskadi.

El nuevo modelo de fianciación debe poner fin al discurso maniqueo y falso, tan socorrido para épocas electorales, en virtud del cual el desarrollo de unos es causa del empobrecimiento de otros. Pero, sobre todo, debe alumbrar un concepto de solidaridad menos retórico y más efectivo, más pragmático: asegurar un crecimiento sin desequilibrios territoriales- graves y facilitar el acceso de todos los ciudadanos a unos servicios públicos básicos.

Medidas de solidaridad

Perfeccionar, por tanto, el modelo de financiación no es prurito de sabios, sino que lo considero un peldaño para construir la utopía de la igualdad, con cuyo horizonte me enorgullece estar comprometido. Y, en este horizonte, el principio de solidaridad es la fórmula para hilvanar las aspiraciones concretas en cada momento histórico. Hoy se plantean dos importantes retos. Por una parte, cubrir el objetivo de suficiencia para prestar servicios idecuados a todos los ciudadanos sin desbordar las posibilidades del sector público español ni desequilibrar la Hacienda y finanzas estatales.

Por otro lado, y con la responsabilidad de que todas las comunidades autónomas somos. Estado, permitir una mayor autonomía competencial y financiera para resolver desde la proximidad democrática las necesidades diferenciadas de los ciudadanos.

En este doble reto, se pueden plantear cuatro medidas que perfeccionen el modelo y que procuren cotas crecientes de bienestar para toda España:

1. Establecer un Fondo de Nivelación de Servicios Públicos, desarrolando el artículo 15 de la LOFCA. Así se completaría el sistema previsto en la propia LOFCA y se cumpliría el espíritu de nuestra Constitución.

2. Mayor dotación del FCI, interrumpiendo la tendencia decreciente de los últimos años.

3. Incluir financiación para nuevas inversiones en el denominado "tramo incondicionado", suprimiendo la compensación transitoria. Es un avance en el principio de suficiencia y un requisito para no mermar los ritmos de desarrollo.

Son medidas concretas que no tienen por qué cerrarse definitivamente en una sola etapa. El ritmo de exigencias ciudadanas es creciente y cambiante. Ninguna fórmula puede petrificarse como definitiva. Nuestra responsabilidad es atender las necesidades sociales, pero, sobre todo para un socialista, atender antes al que menos tiene, especialmente a aquel que, por no tener, ni siquiera posee la capacidad de reclamar lo que le pertenece como persona.

Bienvenida sean todas las aportaciones técnicas, por tanto. Nos tocará, sin embargo, a los responsables políticos saber conjugarlas con derechos que no deben resultar contradictoirios: derecho a la igualdad como ciudadanos y también a la diferencia como personas y como colectivos. Porque, con el diccionario en la manó, la igualdad se predica en matemáticas de la equivalencia de dos cantidades. La diferencia es la cualidad por la que una cosa se distingue de otra.

Sin pretensiones de malabarismos terminológicos, y rechazando rotundamente la dialéctica del enfrentamiento, considero necesario proclamar una sólida convicción humanista: luchar contra las desigualdades, porque no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Simultáneamente estoy a favor de que se despliegue la plural riqueza de potencialidades que encierra cada persona y cada colectivo, estableciendo los Mecanismos que garanticen el libre desarrollo de la diferencia.

Ambas aspiraciones, que, por lo demás, tienen soporte constitucional, sólo se pueden construir dejando aflorar el impulso solidario que lleva cada persona, cada pueblo y cada sociedad en lo más íntimo de su condición humana. Dejando hablar al corazón. ¿Igualdad entre tanto análisis de fría racionalidad? También los sentimientos de fraternidad deben ser ingredientes que cada día aumenten su peso en la historia. En ese camino podemos coincidir millones de voluntades.