Recetas mágicas

EL PROBLEMA de la droga es tan grave que son de agradecer todas las ideas que tiendan a resolverlo. Desde esta perspectiva, es disculpable que se aporten recetas juzgadas poco menos que mágicas por sus inventores, pero que, examinadas con detenimiento, apenas si son otra cosa que mejunjes preparados deprisa y corriendo, al calor de la inquietud social que provoca un mal tan difícil de combatir. Del mismo modo es disculpable que, en estas circunstancias, se eche mano de las últimas experiencias ensayadas en otros países y que se proponga su traslado a España, obviando cualquier consideración sobre su eficacia.Que estas actuaciones sean disculpables no las inmuniza, sin embargo, frente al riesgo del ridículo ni evita que, vistas de cerca, provoquen el pasmo y el estupor. Es lo que ocurre en gran medida con la proposición de ley para combatir la drogradicción presentada por el Partido Popular (PP) en el Congreso en las mismas vísperas del debate parlamentario sobre el problema de la droga. La fórmula que se ha sacado de la manga el PP -o, mejor dicho, que dice haber sacado en parte de la experiencia italiana- tiene mucho de milagrera, aporta de su propia cosecha alguna que otra solución de imposible práctica y lleva al paroxismo el concepto de que el drogadicto es, ante todo, un delincuente y, sólo en segundo término, un enfermo. Todo ello, evidentemente, con la mejor buena voluntad por su parte para encontrar una solución al problema de la droga. No menos que la que se presupone en la ley Corcuera cuando aborda el tema con el procedimiento de la irrupción en el domicilio.

Visto el tenor de las propuestas del PP, se hace incomprensible su actitud de rechazo o de abstención ante el proyecto del Gobierno sobre seguridad ciudadana, o la presencia de alguno de sus parlamentarios en la manifestación del pasado domingo en contra de dicho proyecto. Desde el punto de vista represivo, cada uno de ellos tiene lo suyo. Pero en la propuesta del PP llama la atención que la panoplia coactiva -desde la condena penal a la más variada gama de sanciones administrativas- recaiga sobre la demanda -los drogodependientes- y se deje al margen a la oferta -los traficantes-. El deseo de rehabilitar al drogodependiente, contra su voluntad si es preciso, no justifica la desmedida persecución que propone el PP. Algunas de las fórmulas sugeridas son sencillamente impracticables, además de profundamente atentatorias a la dignidad humana: por ejemplo, las que pretenden un control poco menos que cuartelero de la vida del drogodependiente para obligarle a la rehabilitación. Mucha alforja para viaje tan corto.