El PP propone que por ley los drogadictos deban volver todos los días a casa a una hora determinada

El Partido Popular presentó ayer una proposición de ley orgánica en el Congreso de los Diputados destinada a combatir la drogadicción en la que, tras prohibir el consumo de estupefacientes, establece multas de 200.000 pesetas a dos millones de pesetas para los propietarios de locales en los que se consume droga. La propuesta fue explicada públicamente en Vitoria por el presidente nacional del PP, José María Aznar, quien acusó al Gobierno de "grave irresponsabilidad en su comportamiento ante el creciente consumo de estupefacientes, multiplicado por cuatro desde 1982, según él. La ley promovida por el PP prevé arresto menor y sanciones de 25.000 pesetas a quienes abandonen jeringuillas en lugares públicos así como la obligación de los drogadictos de volver a su casa a una hora determinada y la prohibición de abandonar su municipio sin autorización.

Consciente de que la drogadicción se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, según recientes encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, el presidente del PP quiso presentar ayer personalmente lo que considera una alternativa de su partido a la "ineficacia" del Gobierno socialista ante el problema.Aznar defendió la proposición de "ley orgánica para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la drogodependencia" como perfectamente homologable a la de otros países y señaló que no sólamente incluye medidas represivas, sino también beneficiosas para quienes acepten tratamientos para su desintoxicación. En concreto, los populares permiten una suspensión de las sanciones previstas contra quienes consumen dosis inferiores a cierta cantidad, que determinaría el Ministerio de Sanidad, si aceptan someterse a un plan sanitario de rehabilitación. Éstos son algunos de los puntos de la propuesta del PP:

Prohibición de consumo. La proposición de ley comienza con una prohibición del consumo de estupefacientes, drogas tóxicas y de sustancias psicotrópicas caracterizadas como tales en los convenios internacionales ratificados por España. El PP remite a un posterior decreto del Ministerio de Sanidad la determinación de los procedimientos de diagnóstico y médico-legales para determinar el uso habitual de estupefacientes, así como los métodos para cuantificar su consumo habitual en 24 horas y los límites cuantitativos máximos "de principio activo por dosis media diaria".

Sanciones administrativas. La propuesta legislativa establece que "quienes para su uso personal ilícitamente importen, adquieran o en general detenten estupefacientes en dosis superiores a la media diaria incurrirán en la sanción de suspensión de permiso de conducir, de la licencia de armas, del pasaporte y de cualquier otro documento administrativo equivalente o en prohibición para su obtención".

Suspensión de las sanciones. Los gobernadores civiles quedarán autorizados, en caso de aprobarse la ley, a invitar al drogadicto susceptible de una sanción administrativa a que se someta a un tratamiento terapéutico y rehabilitador, antes de llegar a proponer una medida sancianodora. En el caso de aceptar quedarían suspendidas las sanciones que de otro modo se le podría imponer.

Quebrantamienlo de la rehabilitación. Si el interesado incumple su compromiso, en cuanto que no inicie el tratamiento o lo interrumpa sin causa justificada, el gobernador civil podrá convocarle a su presencia y en caso de que el afectado no acuda en el plazo de tres días verá levantada la suspensión de la sanción que le correspondería y el asunto pasaría a manos del juez de lo penal.

Sanciones judiciales. Los drogadictos que quebranten su compromiso de rehabilitación o quienes sean detenidos por tercera vez por consumir dosis superiores a la media diaria podrán ser sancionados judicialmente con la prohibición de abandonar su municipio, salvo autorización expresa, y de frecuentar locales públicos determinados en una sentencia. Asimismo quedarían obligados a presentarse al menos dos veces cada semana ante una autoridad gubernativa y a regresar a su domicilio, o a otro lugar privado, a una hora determinada, sin poder abandonarlo antes de otra hora también prefijada. El juez también podrá suspender su permiso de conducir, licencia de armas, pasaporte u otro documento equivalente, secuestrar su vehículo y obligar al drogadicto a prestar una actividad no retribuida a favor de la colectividad, al menos durante unajórnada laboral a la semana.

Consumo público y jeringuillas. La proposición de ley propone pena de arresto mayor y multa de 50.000 a 200.000 pesetas a quienes consuman droga en la vía pública o en lugares o establecimientos de concurrencia pública. La pena se aplicará en su grado máximo y la multa ascenderán de 100.000 a 400.00,0 cuando el consumo se realice en las cercanías de centros docentes, en presencia de menores de edad o en locales o establecimientos públicos.

Abandono de jeringuillas

Los populares proponen la pena de arresto menor y una multa de 25.000 a 100.000 pesetas a quienes abandonen jeringuillas u otros instrumentos utilizados para el consumo de drogas "de tal modo que ponga en peligro la salud de los demás".

Los propietarios de locales "que consientan que habitualmente las personas que en ellos se reúnen consuman o empleen drogas tóxicas" serán castigados con arresto mayor, multa de 200.000 a 800.000 e inhabilitación parael ejercicio del comercio por plazo de 10 años, con independencia del cierre del local. Esta pena será también aplicable a quienes "teniendo la disponibilidad de un inmueble, ámbito o vehículo idóneo para ello lo dedique o consienta que otros lo dediquen" al consumo de drogas. Cuando los consumidores sean menores, de edad la sanción será de prisión menor en su grado mínirno, inhabilitación perpetuá para el comercio y multa de 500.000 a dos millones de pesetas.