La CE estudia suspender los movimentos de capitales que persigan la evasión fiscal

FÉLIX MONTEIRALos países de la CE podrán suspender la libertad de movimientos de capital en aquellas transacciones que tengan. trascendencia fiscal, según una propuesta presentada por el Reino Unido y Francia, que ayer debatieron en Bruselas los ministros de Economía y Finanzas de los Doce. España y Alemania declararon su apoyo a la propuesta. El ministro de Economía, Carlos Solchaga, pidió la modificación de las contribuciones a la Comunidad de acuerdo al principio de progresividad, de forma que los países con menos desarrollo relativo paguen menos. El Gobierno español pone esta condición para dar su sí al tratado de Unión Económica y Monetaria (UEM) el próximo 10 de diciembre en la cumbre de Maastrich (Holanda).

El debate sobre la Unión Económica y Monetaria dio ayer un vuelco espectacular al abrir un frente que amenaza con condicionar gravemente la libertad de movimientos de capitales en la CE. España pondrá en vigor esta diretiva comunitaria el próximo 1 de enero y, de los demás países, tan sólo Grecia, Portugal e Irlanda cuentan con un plazo de derogación para este principio ya vigente.La propuesta conjunta de Francia y el Reino Unido, presentada sin ruido el pasado 6 de noviembre, en caso de prosperar, permitirá un control nacional de los movimientos de capitales. El texto hace referencia a toda transacción con trascendencia fiscal, es decir, prácticamente todas. En el caso de una interpretación restrictiva, dirigida sólo a controlar la evasión fiscal, el Gobierno español vería así justificada su política de vetar ciertas operaciones.

El más reciente ejemplo es la sofisticada venta planeada por Banesto de La Unión y el Fénix a la sociedad aseguradora francesa AGF. La creación de sociedades interpuestas para llevar a cabo la transferencia de acciones tendría por principal beneficio ahorrarse 7.000 millones de pesetas en impuestos.

El Reino Unido y Francia, con el apoyo verbal explícito de Alemania, plantean incluir en el Tratado de Unión Económica y Monetaria, dos párrafos en el artículo 73 B.

El primer párrafo de este artículo va dirigido a incluir la libre circulación de capitales en el tratado, que ya está en vigor, mediante una directiva clave para la creación del mercado único en 1993. El segundo párrafo contempla la posibilidad de limitar este principio cuando un Gobierno encuentre motivos fiscales para ello

Cohesión económica y social

El problema de los ingresos y gastos de la CE, la llamada cohesión económica y social, sigue siendo el tema clave para España. Solchaga trasladó este debate a la unión monetaria, hasta ahora circunscrito por el Gobierno a la conferencia intergubernamental de unión política.

El ministro eligió centrar el debate en una de las dos partes del problema, la de los ingresos de la Comunidad Europea o las contribuciones que hace cada país al presupuesto comunitario. España pide para la CE suficiencia de medios, pero con la inclusión del criterio de progresividad, el mismo que, a través de la política fiscal sobre la renta, rige en los 12 países de la CE.

"Es prioritario abordar la cuestión de los ingresos, porque la de los gastos es siempre una batalla cuesta arriba en la que parece que está pasando uno el cepillo parroquial" manifestó el director general del Tesoro, Manuel Conthe. La demanda española se basa en contribuir de acuerdo a la prosperidad relativa de cada país; es decir, que los más ricos paguen más y los pobres, menos.

La otra cara de la reivindicación española, la de participar más en los fondos de la CE sigue estando más confiada a la conferencia sobre unión política. España, sin embargo, no renuncia al fondo de compensación interestatal propuesto o al de cohesión que pide Portugal.

Dos nuevos fondos

Sin embargo, el ministro Solchaga adelantó hace un mes la posibilidad de conformarse, si el acuerdo jurídico en el tratado es claro, con dos fondos nuevos que prepara la CE: el de protección del medioambiente y el de financiación de grandes redes de infraestructuras. Para ello, los Doce tienen que asumir dotarlos, con un presupuesto suficiente y permitir a España y otros países menos desarrollados disfrutar de un porcentaje de cofinanciación comunitaria de los proyectos mucho más elevado. Se habla de hasta un máximo del 75%.

España pretende por estas dos vías resolver su problema financiero con la CE. Por una parte, contribuir proporcionalmente menos, vista la progresión de los pagos a la Comunidad en los últimos años. Por otro lado, defender la ventaja de país beneficiario neto.