Rehabilitador de drogadictos en El Patriarca

Rafael Torres trabajó en su juventud como marinero. Pero luego se quedó sin empleo debido a la pérdida de la visión del ojo izquierdo a causa de un accidente de tráfico. Hoy, cinco años después del caso Getafe, está dedicado a la rehabilitación de drogadictos en las granjas que El Patriarca posee en la región valenciana, ayudando a jóvenes que viven en el infierno que él sufrió con anterioridad.

Según el abogado Luis Vicario, Rafael Torres "tenía problemas con la droga" cuando en octubre de 1986 fue retenido por policías de la comisaría de Getafe por no llevar encima el carné de identidad. "Pero desde la Navidad de ese mismo año, abandonó las drogas y no ha vuelto a delinquir ni a ser detenido jamás", dice el letrado. Sus padres, con los que vivía en Getafe, ya han muerto, aunque en este pueblo tiene un hermano con el que no tiene contacto.

La retención sufrida por Torres en el año 1986 es un aplicación anticipada del artículo 20 de la ley Corcuera, que la próxima semana se debatirá en el Congreso de los Diputados. En aquella ocasión, el antiguo marinero fue trasladado a comisaría porque no llevaba el DNI, algo similar a lo que establece el apartado 2 del mencionado articulo: "De no lograrse la identificación por cualquier medio ( ... ) los agentes podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos sólos efectos y por el tiempo imprescindible".

El pasado 10 de octubre, la Audiencia de Madrid juzgó al policía Alfonso M. Palomo, al que Manuel Barrera García, empleado de Iberia, acusaba de haberle detenido ilegalmente el 12 de noviembre de 1987 por encontrarle "en actitud sospechosa" en un aparcamiento de Madrid. En la vista oral, el fiscal pidió para el agente una pena de dos años de prisión y una multa de 50.000 pesetas.