Hacienda considera que las autonomías no han agotado todas sus posibilidades para aumentar los ingresos

Los recargos autonómicos en el impuesto sobre la renta proporcionarían, tanto a las comunidades como a la Administración central, un colchón para amortiguar el coste de la reforma del IRPF, estimado para el año que viene en 250.000 millones de pesetas y en otro tanto para 1993. La propuesta, efectuada por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, fue rechazada por todas las comunidades autónomas, pero el ministerio considera que éstas no han agotado todas sus posibilidades en materia recaudatoria.

Los recargos sobre el IRPF son impopulares pero se avecinan tiempos difíciles para la recaudación del impuesto sobre la renta. La reforma fiscal, que entra en vigor el año que viene, supondrá un coste de 250.000 millones de pesetas y otro tanto en 1993. Ésta es, sin embargo, una nave en la que están embarcados tanto la Administración Central como los Gobiernos autonómos, ya que de éste impuesto dependen cerca de un 40% de sus ingresos.Para 1992, el Gobierno ha previsto un aumento del 13,7% en la recaudación por IRPF, dato que se considera inflado desde varios sectores, que ven "agotado" el actual modelo fiscal en sus posibilidades recaudatorias. La lógica apunta a un IRPF, cuanto menos, estancado en los próximos años, lo que hará resentirse también a las arcas autonómicas.

Además, el Gobierno se plantea en los próximos dos años reducir al 3% del PIB el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, lo que supondría un esfuerzo para todos de 275.000 millones de pesetas. Ya Solchaga apuntó anteayer tras la reunión con los consejeros autonómicos, la posibilidad de subir los impuestos para alcanzar esta meta de convergencia con los demás países de la Comunidad Europea.

Una salida como la propuesta anteayer por Solchaga a las autonomías, es decir, la posibilidad de aumentar sus ingresos por la vía de los recargos, fue rechazada de plano al considerar que no existen, de momento, contrapartidas, para asumir este coste político. Hacienda comparte este criterio pero entiende que no ha existido hasta ahora un desarrollo normativo suficientemente claro. De aquí que ofreciera un acuerdo para la aprobación de una ley marco que fije las reglas del juego, en concreto, una banda de máximos y mínimos.

Todo indica que Hacienda quiere embarcar a las comunidades autónomas en el reto de aumentar los ingresos. La vía más directa serían los recargos pero se contempla también una fórmula más compleja que consistiría en la cesión de una parte del impuesto sobre la renta.

De esta forma, cada comunidad autónoma obtendría una parte del IRPF recaudado en su territorio. Si necesita más ingresos, puede aplicar un recargo o, por el contrario, un descargo si es que se conforma con menos.

La participación de las comunidades en la Agencia Tributaria, posibilidad que también planteó el ministro de Hacienda, permitiría a éstas tomar parte activa en la lucha contra el fraude fiscal.