Deuda y ayudas

LAS DIFICULTADES de la Unión Soviética para atender los pagos de su deuda exterior emergieron en la pasada reunión del Grupo de los Siete (G-7: EE UU, Japón, Alemania, Francía, Reino Unido, Italia y Canadá) como el mayor obstáculo para la concesión de la ayuda económica que esos países parecían dispuestos a conceder; la importancia de los vencimientos a corto plazo de la deuda exterior soviética (se ha estimado en 7.000 millones de dólares los pagos a los que debería hacer frente en los próximos cuatro meses) así lo justificaba.Aunque el compromiso alcanzado por los países más industrializados días antes de la celebración de la asamblea del Fondo Monetario Internacional en Bangkok establecía como condición genérica la realización de las reformas necesarias para transformar el sistema soviético en una economía de mercado, la necesidad de que las repúblicas asumieran solidariamente sus obligaciones financieras frente al exterior constituía un paso previo no exento de problemas. La clarificación de este aspecto ha sido el principal resultado de la visita a Moscú de los viceministros de Finanzas del G-7 la pasada semana.

El acuerdo alcanzado establece la asunción solidaria de la deuda, estimada entre 60.000 y 70.000 millones de dólares, y la canalización de su devolución a través de una única institución bancaria, el Vnesheconombank, que también será el interlocutor en las posteriores renegociaciones de la citada deuda. Una primera tarea a realizar será el inventario detallado de esas obligaciones y, no menos importante, el correspondiente a los activos exteriores de la URSS, especialmente las reservas de oro.

La consecución de este acuerdo, incluso las renegociaciones de los pagos más inmediatos, no garantiza por sí sola la normalización de las relaciones financieras de la URSS con el exterior. En primer lugar, porque el acuerdo suscrito no pone fin a la dinámica de dispersión en que están sumidas las principales repúblicas; una dinámica que parece prescindir de la noche a la mañana del elevado grado de integración e interdependencia económica existente entre las repúblicas, fundamento de la planificación central vigente en los últimos 70 años. La aceptación en el último momento y a regañadientes del acuerdo por parte de Ucrania, Moldavia y Georgia puede ser expresiva de su complicada instrumentación. En segundo lugar, porque tampoco elimina el escepticismo de los principales acreedores de la URSS sobre la recuperación de la solvencia de ese país, necesaria para posibilitar nuevas entradas de capital -bien como préstamos o como inversiones- e incluso la llegada de ayuda alimentaria con la que superar uno delitos más duros inviernos de la historia reciente de la URSS.

La celeridad con que los viceministros de Finanzas del G-7 han conseguido ese acuerdo debería traducirse ahora en la instrumentación de la ayuda financiera, para, entre otros destinos, aliviar esa crisis de liquidez. Una tarea que puede verse dificultada por la diversidad de intereses entre esos siete países, como ya se ha puesto de manifiesto en las reticencias de EE UU a apoyar con un préstamo de emergencia la situación financiera de esa institución bancaria común. A diferencia de sus homólogos alemanes, principales acreedores de la URSS, la posición estadounidense es más partidaria de una moratoria en los pagos de la deuda que de procurar las actuaciones que garanticen su atención regular.

Con todo, la contribución de los países más industrializados al acuerdo trasciende los meros intentos por clarificar y normalizar el servicio de la deuda externa y ha de servir como expresión de la voluntad y confianza de la comunidad económica internacional en la existencia de instancias mínimas de coordinación entre las repúblicas. La necesidad de compatibilizar las aspiraciones independentistas de la mayoría de las repúblicas con mecanismos de coordinación central de las economías constituye una exigencia básica para garantizar cualquier transición estable a la economía de mercado coherente con la ineludible inserción internacional de la región.