"Situación insostenible" de los ancianos ante la prolongada huelga de cuidadores

El conflicto que mantienen desde hace 17 días las asistentes del servicio municipal de ayuda a domicilio, lejos de solucionarse, se ha recrudecido. Las seis empresas concesionarias han denunciado el incumplimiento de los servicios mínimos, con lo que el estado de los ancianos, dicen, "es insostenible". Varias juntas municipales han reconocido el cumplimiento irregular y que algunos usuarios se encuentran en una situación difícil. Los ánimos se han enconado y las negociaciones han quedado interrumpidas. Mientras tanto, sindicatos, empresas y ancianos miran hacia el Ayuntamiento.

Cerca de 5.000 personas se benefician en Madrid de este servicio municipal. De ellos, 3.500 han quedado fuera de los servicios mínimos. Acceder a los ancianos es, sin embargo, difícil. Las juntas municipales tienen orden de no hablar y remiten al Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Allí recomiendan buscar otras vías para encontrar testimonios."La culpa la tiene el Ayuntamiento. ¿Qué han hecho con los presupuestos sociales? Los han debido de meter en el asfalto", asegura José García, que en su día rechazó los servicios mínimos como medida de apoyo a las trabajadoras. José, de 80 años, técnico de banca, está inválido por la artrosis, y las cataratas le restan casi toda la visión. "El Ayuntamiento nos ha ofrecido un servicio de comida. No queremos limosnas, sino que la situación se arregle". "Las chicas me llaman todos los días, pero yo les he prohibido que se acerquen. Estoy mal, porque me cuesta asearme. Les he dicho que cuando se arregle todo tendrán que venir con espátula para quitarme la mugre", dice jocoso.

María López, de 65 años -"tengo asistencias domiciliaria no por vieja, sino porque soy minusválida"-, sí tiene servicios mínimos. "Una mujer viene a diario unos 20 minutos, lo mínimo para subirme el pan y asearme". María no es tan combativa corno José. "Esto es una crueldad. Todos están pendientes del dinero: el alcalde, las mujeres, las empresas. Pero a nosotros nadie nos considera. Del Ayuntamiento no me flio un pelo. Tenían que haber intervenido ya, porque hay gente que lo está pasando muy mal".

Esta semana, un inspector de la Delegación Provincial de Trabajo intentó mediar en la negociación del primer convenio entre las 1.500 trabajadoras y las seis empresas (Safusa, Sageco, Amad, Asad, Asispa y Apai). Al final de la reunión sólo pudo levantar acta de desacuerdo. De sde el comienzo de la huelga, el pasado día 15, la situación se ha ido deteriorando: de la mesa de negociación se ha pasado a un cruce permanente de acusaciones.

Amenazas y coacciones

El martes, las empresas denunciaron amenazas y coacciones de piquetes contra las sedes y las trabajadoras que cumplen los servicios mínimos. "Una de las sociedades, Apai, ha presentado un denuncia por destrozos", afirma un gerente que desea mantener el anonimato.

Los sindicatos niegan estas acusaciones y aseguran que los servicios mínimos se están cumpliendo en todas las empresas, salvo en Safusa, la única sociedad lucrativa de las seis. Sin embargo, en varias juntas municipales afirmaron ayer que el cumplimiento era irregular. "La situación de los ancianos es preocupante", reconocía una asistente social de Vallecas. Las cuidadoras a domicilio exigen un aumento salarial -de las 65.000 pesetas al mes que cobran actualmente a las 110.000- y la reducción de la jornada laboral de 40 a 35 horas semanales. Las empresas ofrecen 76.000 pesetas brutas.

La concejal de Servicios Comunitarios, Ana María García Armendáriz, ha reiterado que el Ayuntamiento "no tiene capacidad legal para intervenir", por tratarse de un conflicto laboral. Sin embargo, todas las partes implicadas tienen el punto de mira en la plaza de la Villa. Ayer mismo, Rodolfo Benito, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, afirmó que el responsable del conflicto es el Ayuntamiento, al que acusó de querer "quitarse de en medio este servicio social porque no genera beneficios.". Benito criticó también "la pasividad de las empresas".

"Hemos llegado al límite de nuestra capacidad negociadora. Corremos peligro de suspensión de pagos", comenta Fernando García, de Apai. "La única solución es que el Ayuntamiento aumentara el precio que paga por hora".

"Si es real que no generan beneficios suficientes, que decreten suspensión de pagos", afirma Juan Carlos Jaén, de CC OO. Para las empresas, eso sería una irresponsabilidad: "Dudo mucho que el Ayuntamiento asumiera el servicio. Además, esa situación llevaría al paro a mucha gente", responde Fernando García.