Los populares y el PSOE se enzarzan en un durísimo enfrentamiento

El debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana subió súbitamente de temperatura cuando el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, intervino para atacar la nueva redacción del artículo 21. Álvarez Cascos y José María Mohedano, encargado ayer de la portavocía socialista, bordearon el insulto, eso sí sin elevar el tono de voz.

El dirigente popular calificó de "chapuza técnica" la enmienda del Grupo Socialista y se preguntó por la necesidad de entrar en un piso sin orden judicial para evitar una huida, supuesto previsto en la nueva redacción. "Si alguien va a huir", argumentó, "que se le espere fuera".

Álvarez Cascos no teme, según explicó, la patada a la puerta de las casas porque no cree que la policía esté buscando eso. "Me preocupan", dijo, "las patadas del Gobierno a la Constitución, que es la casa de todos". El Ejecutivo, según el dirigente popular, amplía el concepto de delito flagrante, ya definido en el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Mohedano subió de tono a medida que avanzaba en la respuesta. Acusó a Álvarez Cascos, ingeniero de profesión, de "ignorancia jurídica tan grande como todos los disparates que acaba de decir" y de emplear "argumentos de abogado de pueblo".

La definición ya existente del delito flagrante, según Mohedano, sólo se refiere a los delitos perpetrados por bandas terroristas. Por tanto, es necesaria una formulación específica para el caso del narcotráfico.

En la contrarréplica, después de impugnar Álvarez Cascos la interpretación del 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hecha por Mohedano y atribuirla a ignorancia en el uso de las comas, le calificó de "maestro de la retórica y lego en gramática", le negó el sentido común y acabó tachándole de "catecúmeno del socialismo y señorito de pesebre, con síntomas lamentables de patología chulesca".

Papel mojado

Para José Luis Núñez, de IU, la nueva redacción del artículo 20 es contradictoria. Si la identificación sirve para impedir un delito existen indicios y procede la detención del sospechoso. La voluntariedad será papel mojado, añadió.Respecto a la autorización judicial previa a un registro, Núñez la consideró una garantía imprescindible para los ciudadanos y también para las fuerzas de seguridad.

El portavoz del CDS en el debate, José Antonio Souto, mantuvo su oposición al artículo 20. Lo grave no es sólo el apartado segundo, señaló Souto, sino también el primero, porque consagra un deber general de identificación que recorta las libertades.