Van Schouwen pide la nulidad del juicio que desestimó su demanda contra Filesa

La abogada de Carlos van Schouwen ha reclamado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la nulidad de actuaciones del juicio laboral que desestimó la reclamación de cantidad presentada por aquél contra las empresas Filesa, Malesa y Time Export y contra Luis Oliveró, Alberto Flores y el diputado socialista Carlos Navarro. El mismo fallo estableció que Navarro nada tenía que ver con esas empresas. La letrada Gualdolda Salas asegura en el recurso que la magistrada que juzgó la demanda basó su fallo en un documento no aportado como prueba en el juicio, lo que ha provocado la indefensión del ex contable de las empresas vinculadas a la supuesta financiación irregular del PSOE.En uno de los considerandos, la sentencia ahora recurrida se alude a que Van Schouwen aceptó un saldo y finiquito el 21 de febrero pasado, tras cobrar 105.890 pesetas, correspondientes al 50% de los beneficios obtenidos. Este recibo aparece como "Doc. 4 de las demandadas", y el fallo asegura que Van Schouwen no se opuso a dicha liquidación. En el acta del juicio, sin embargo, consta que las partes demandadas propusieron tres documentos. Es indudable, dice la letrada, que el documento signado como cuatro "llegó a los autos por vía irregular y ( ... ) con absoluto desconocimiento de esta representación".

La letrada, que ha comprobado también la existencia en los autos de un quinto documento y unas fotocopias de escrituras sin numerar, descarta que se trate de un error al confeccionar el acta el que consten reseñados sólo tres documentos.

El recibo que aparece como documento número cuatro nada tiene que ver, señala la abogada, con el concepto por el que se reclamaba la cantidad de 25 millones de pesetas: la elaboración de unos estudios sobre el negocio de contenedores. De haberse presentado la prueba en el juicio, Van Schouwen la hubiera podido rebatir, dice la letrada.

Por otra parte, la Audiencia de Barcelona ha confirmado la no admisión a trámite de la querella presentada por los administradores de Filesa, Malesa y Time Export contra el ex contable, al que acusaron de un delito de revelación de secretos. El juez al que le correspondió la querella, Joan Emili Vilà, decidió no admitirla a trámite por entender que el derecho a la información prevalecía sobre cualquier otro.