Mejorar el Inem, un reto pendiente

Han pasado 60 años desde el nacimiento de los primeros servicios públicos de empleo en España, con la Ley de Colocación Obrera, de 27 de noviembre de 1931, y 13 desde la creación del Instituto Nacional de Empleo (Inem), por lo que abordar este tema no es nuevo ni original, aunque sí necesario.Regulado por el Real Decreto-Ley 36/1978, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo, con el carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, el Inem tiene la responsabilidad de gestionar la colocación y la política de empleo, la formación profesional ocupacional y las prestaciones económicas para desempleados; amplía tarea si se tiene en cuenta la realidad social de nuestro país: altísimo índice de desempleo, en gran medida de tipo estructural, y necesidades formativas en aumento para afrontar el reto del mercado único y la libre circulación de trabajadores.

Desde Comisiones Obreras hemos venido denunciando las deficienclak que arrastra el Inem desde su creación, agudizadas por la crisis económica, el aumento del paro y las nuevas necesidades del mercado de trabajo, sin que haya existido por parte de los máximos responsables políticos intención de poner freno a su deterioro progresivo. Recuerdo que el último intento de reforma frustrada data de 1988, y sólo hace unos meses se ha vuelto, al igual que si de un Guadiana se tratara, a sacar a la luz este asunto.

La principal limitación del Inem la resumiría en su incapacidad de desarrollar una presencia activa en los procesos de colocación y empleo, con pérdida progresíva de Influencia en dicho ámbito. Esto lo corrobora el hecho de que haya pasado de participar en un 30% de la selección de todas las contrataciones en 1980 a menos del 10% en la actualidad, siendo, por tanto, la inmensa mayoría de las colocaciones registradas nominativas, Ramadas así por llegar a la oficina de empleo los contratos con los trabajadores ya seleccionados. La necesidad, por tanto, de abordar su reforma es a todas luces evidente; ahora bien, ¿con qué contenidos?A mi modo de ver, debería apostarse por unos servicios públícos de empleo no limitados a ser meros administradores del paro, sino que tengan como objetivo el recolocar a los desempleados, formarles hacia una ocupación inmediata del puesto de trabajo, que gestionen prestaciones dignas y suficientes para los trabajadores que pierden su puesto de trabajo y articulen una política de empleo adaptada al nivel de desarrollo y a las características socioeconómicas de nuestra economía.

Todo ello sólo puede hacerse desde un organismo público con la siguiente misión: ayudar a parados ocupados y a la población potencialmente activa (en este sentido, deben informar, orientar, formar, subsidiar y colocar a los trabajadores), y regular el mercado de trabajo (para ello deben observar, analizar, prever, informar y asesorar a los agentes sociales: Administración, sindicatos y patronal).

Conocimiento del mercado

Esto conlleva la necesidad de tener un conocimiento amplio y específico del mercado de trabajo: cambios en las demandas de las empresas, características territoriales y socioeconómicas de los trabajadores sin empleo y de los impactos o influencias de las medidas de política de empleo adoptadas o por adoptar, así como elaborar estudios de la repercusion que puede tener la introducción de nuevas tecnologías en el empleo y en la cualificación profesional.

Estamos aún a tiempo de convertir al Inem actual en un eficaz y prestigiado servicio público de empleo; a ello ayudaría el abordar los siguientes aspectos:

1. Política de empleo activa. El Inern, y en concreto las oficinas de empleo, como arriba indicaba, tienen una escasa penetración en el mercado de trabajo español; por tanto, es imprescindible que una parte importante de los recursos del instituto se dirijan a políticas de empleo activas, aumentando de forma cualitativa y cuantitativa las ofertas genéricas hasta llegar al 35% del total de las colocaciones, con lo que nos situaríamos en la media de los servicios públicos de empleo europeos. Moralmente, esto puede abordarse con un presupuesto como el previsto para1992, donde los programas dirigidos a estas políticas tienen recortes de un 20% en las escuelas taller, un 39% en Inem-corporaciones locales o un 30% dirigido a la orientación y clasificación de parados.

2. Descentralización: adaptar la estructura del Inem al estado de las autonomías. Para ello es necesaria la consolidación del escalón autonómico, para coordinar las políticas a este nivel. Ello exige una discusión serena sobre el modelo organizativo más eficaz, pues el progresivo desarrollo autonómico y su desconexión con la Administración central ha generado un caos de medidas de apoyo e incentivación económica que está provocando distorsiones considerables. Asimismo, y en este apartado, debe tenerse en cuenta la cada vez mayor importancia de la dimensión local del mercado de trabajo. De ahí la necesidad de potenciar la creación de mesas locales y comarcales de empleo adaptadas a sus características propias. Un elemento central de la nueva orientación del Inem sería, por tanto, la descentralización de sus funciones, en paralelo a una actividad coordinada entre sus diferentes niveles de actuación.

3. Más participación. Es otro reto pendiente, al que se debería hacer frente ampliando las competencias de las fuerzas sociales en los organismos tripartítos de participación, desde el Consejo General de las Mesas Locales, pasando de tener funciones puramente consultivas y testimoniales a poder ejecutivo y decisorio en aspectos claves de la política de empleo.

4. Medios técnicos y humanos suficientes. Dificilmente pueden abordarse los anteriores puntos si no se cuenta con los efectivos humanos necesarios. Por tanto, es imprescindible un notable esfuerzo presupuestario que le dote de los suficientes medios de los que hoy carece, desmasificando las oficinas de empleo para dar un trato personalizado a los trabajadores registrados en éstas. Sólo si el Inem es capaz de dominar la información sobre el mercado de trabajo y su posible evolución, de controlar los instrumentos de intervención disponibles y de integrarlos en un plan coherente de actuación, de dotarse de los medios necesarios en cuanto al número y a la preparación técnica requeridos y de funcionar bajo el control de los representantes de los trabajadores y empresarios podrá convertirse en un organismo útil al país.

La alternativa al deficiente funcionamiento actual no reside en desarrollar un proceso de desregulación normativa, ni mucho menos en abrir el mercado de trabajo a instituciones privadas de colocación, sino en potenciar las estructuras públicas, dotándolas de los medios económicos, humanos y jurídicos de los que hoy carecen.