Una especialidad todavía verde

El delito ecológico tal vez sea el "único delito flagrante continuado" -esa controvertida figura jurídica de la ley Corcuera- que existe, dice el abogado experto en casos medioambientales José Manuel Marraco Espinés; pero, paradójicamente, desde su entrada en vigor en 1983, sólo ha producido un puñado de sentencias. Sin embargo, son ya varios los abogados especializados en derecho medioambiental, porque, afirman, lo que la ecología necesita cada vez más "son técnicos, y no militantes".

Recuerda Cristina Álvarez, abogada de 35 años, que lleva 10 dedicada a la defensa de los recursos naturales, que la primera vez que le dijo a un funcionario de tribunales que era abogada ambientalista, éste la tomó por decoradora. Primero militante de Greenpeace, contratada en 1988 por la Comisión Europea como abogada independiente para informar sobre la situación ecológica de España, y actualmente en el departamento legal de Adena, Cristina define el derecho medioambiental como "un derecho preventivo, y no sancionador; del colectivo, y no del individuo, que requiere del consenso social".José-Manuel Marraco, que ejerció la acusación particular en el juicio del cazador que mató al oso conocido como El Rubio en Palencia en 1990, asegura que en EE UU existen 30.000 abogados ambientalistas, y que ya en 1978 el Consejo de Europa recomendó la especialización de fiscales y jueces en estos delitos.

Sin embargo, Jesús Benítez, abogado madrileño de 34 años, opina que la adaptación de los abogados españoles a la normativa europea en medio ambiente "es nula", y que "las jornadas sobre el tema se plantean como si se tratara de un cóctel".. Benítez augura malos tiempos en este terreno para los profesionales cuando en 1993 entre en vigor la libre circulación de trabajadores en la CE.

El derecho que viene

Por su parte, Antonio Vercher, de 38 años, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y que entre 1989 y 1991 estuvo en la Comisión Europea para Medio Ambiente, subraya que "el derecho comunítario se nos viene encima sin estar preparados", y que es precisa "una ley general del medio ambiente como única solución para tener una visión de conjunto de la situación medioambiental española".

Los abogados españoles que se dedican a temas medioambientales lo hacen por amor al arte -es decir, a la naturaleza-, y si cobran algo, lo suelen hacer de forma muy irregular. Unos eran ya, en los años setenta, miembros de asociaciones ecologistas, como Jesús Benítez, y otros, como ocurre en los casos de Cristina Álvarez y Antonio Vercher, descubrieron su verdadera vocación profesional en Estados Unidos, cuando tuvieron la oportunidad de hacer un master en medio ambiente.

Sin embargo, algo está cambiando, y tal vez, dentro de unos años, dedicarse profesionalmente a la ecología sea algo común e incluso lucrativo. La directiva comunitaria que exige la evaluación del impacto ambiental de las obras públicas, vigente en España desde 1988, ha abierto el camino a un nuevo negocio: las consultorías ambientales. Pero ese día, se pregunta Cristina Álvarez, "¿quién se preocupará por los pequeños colectivos?".