Justicia agiliza la excarcelación de extranjeros para expulsarlos de España

Jueces, abogados y asociaciones humanitarias han denunciado la persecución que están padeciendo los extranjeros que se hallan en libertad condicional (tras haber cumplido las tres cuartas partes de su condena). Según estas fuentes, la policía se dedica a "cazarles a lazo", llegando a veces a esperarles a la puerta de las cárceles para que sean aprehendidos en cuanto ponen los pies en la calle. 10 reclusos de Nanclares de Oca (Álava) están en huelga de hambre en protesta por esta situación.

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Ángeles Granados, ha dictado recientemente una circular para "potenciar aquellos instrumentos jurídicos que, como la libertad condicional, permitan que [los extranjeros] se reincorporen a su país de origen, en un contexto sociológico acorde con su identidad nacional y sus propias raíces culturales".La circular añade que "su permanencia en España con nulas perspectivas, laborales, sin medios lícitos de subsistencia, obligarían a una permanente dependencia de instituciones asistenciales o, lo que es menos deseable y entraña una situación de injusticia, a prolongar su estancia en los recintos penitenciarios, lesionando su acervo socio-jurídico por su única condición de extranjería".

El Ministerio de Justicia, tras obtener el permiso del juez de Vigilancia Penitenciaria para que el extranjero pueda cumplir el periodo de libertad condicional en su país, solicita a continuación que dicho individuo sea expulsado de España. En este supuesto, el recluso debe acceder voluntariamente a ser enviado de nuevo a su lugar de origen.

Caos en los juzgados

Sin embargo, diversas asociaciones humanitarias afirman que la policía se dedica a "cazar a lazo" a los extranjeros en cuanto quedan en libertad condicional para proceder posteriormente a su expulsión, según afirma la abogado madrileña Amparo Banqueri. Para materializar su expulsión es necesaria la autorización del juez de Vigilancia Penitenciaria, cosa que no resulta demasiado difícil teniendo en cuenta "la compleja y caótica maquinaria burocrática de los juzgados", según reconoce un magistrado progresista.

Estas irregularidades suelen darse con extranjeros que no saben castellano y no pueden hacer entender al juez que se hallan en libertad condicional y, por tanto, gozan del beneficio de cumplir el último tramo de su condena en régimen de libertad".

"Cuando estoy de guardia", reconoce un juez, "es frecuente que la policía me traiga a extranjeros que están en libertad condicional, acusados de estar indocumentados y carecer de medios de vida. Lógicamente yo decreto su libertad en el acto. Por eso no es raro que muchos hayan plastificado el papel de libertad condicional y lo enseñen enseguida".

"Al pobrecito que cogen y tiene la desgracia de no tener abogado o alguien que le avale, lo más seguro es que le acaben expulsando", asegura la abogada Banqueri, quien añade con indignación: "Eso supone una clara vulneración del principio que impide que una persona pueda ser castigada dos veces por un mismo hecho. Pero aquí primero le meten unos años en la cárcel y después le echan de España. ¿Para qué le sirve haber estado trabajando en prisión para redimir su pena? Pues para que le expulsen de aquí cuanto antes". Banqueri ha informado de estos hechos al Defensor del Pueblo.

El año pasado, el letrado Juan Ramón Ayala Cabero denunció ante el juez decano de Madrid y otras instituciones la frecuencia con que la policía detiene a extranjeros que "están en libertad condicional, sin haber cometido delito alguno". Después, el extranjero suele quedar privado de su libertad durante 25 o 30 días en el centro de detención del barrio madrileño de Moratalaz, hasta que logra demostrar la condición de penado, lo que impide su expulsión.

Mientras tanto, la asociaciación de ayuda a presos Salhaketa ha indicado que 10 reclusos extranjeros mantienen desde hace días una huelga de hambre en la prisión alavesa de Nanclares de Oca, donde en la actualidad hay internados 200 extranjeros, 50 de los cuales son africanos, informa Pedro Gorospe desde Vitoria. La dirección del centro niega la existencia de esta protesta motivada por la supresión de permisos para estas personas.