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Editorial:

Después de la huelga

LA HUELGA general convocada por los sindicatos y apoyadá por muy diversos sectores de la sociedad asturiana obtuvo un eco casi.absoluto y un desarrollo en el que los actos de violencia fueron muy minoritarios. Así pues, los fines inmediatos de los convocantes parecen conseguidos. Al citar estos fines nos referimos estrictamente al alcance y repercusión de la movilización, pero no a los remedios contra los males -la desindustrialización, el paro- que ella denunciaba. Pasada la jornada, hecho recuento del número de participantes, expresada la satisfacción por la ausencia de incidentes graves y felicitadas por ello las centrales, confortados en definitiva los dirigentes sindicales por el éxito obtenido, los problemas de Asturías siguen siendo los que eran la víspera de la huelga.Ello es así porque tales problemas no dependen, o no decisivamente, de la voluntad política que la movilización aspiraba a sacudir. Efectivamente, la huelga supone un duro golpe contra el Gobierno. Quizá, como declaró Nicolás Redondo, un golpe tan fuerte o más que el que supuso el 14-D. Incluso, si alguien se empeña, análogo al golpe que la huelga de los mineros británicos supuso para el Gobierno- y el partido- laborista a finales de los setenta (y que inauguró la década thatcherista). Pero la reindustrialización que necesita Asturias dificilmen te se acelerará porque los socialistas sean desenmascarados o porque tal o cual ministro sea puesto en su lugar por las fuerzas combinadas que ayer se manifestaron en el Principado (y las.que aplaudieron desde fuera de él). Por'el contrario, esa industrialización sólo puede acelerar su ritmo mediante la negociación.

Aquello que sí está al alcance del Gobierno, el intento de canalizar inversiones -públicas o privadas- hacia el Principado mediante incentivos diversos, supone otro tipo de conversaciones, en otro lugar distinto de la calle. Por ejemplo, el proyecto Dupont: 100.000 millones de inversión, un millar de empleos. Pero para ello se necesita el consenso de empresarios, sindicatos y las Administraciones central y autonómica. Y si una de las patas de la mesa falla, fracasará el conjunto que se pretende obtener.

Siempre podrá discutirse si el esfuerzo ha sido suficiente, o si determinadas industrias que han sido canalizadas hacia otras zonas industriales en declive, como el País Vasco, tendrían que haberse ubicado en Asturias. Pero, al mar en de lo que al respecto puedan opinar los ciudadanos de esos otros territorios -y todos los contribuyentes, en general-, la decisión final no depende sólo o principalmente de la Administración, sino de los promotores privados, nacionales o extranjeros. Asturias cuenta con indudables ventajas comparativas -las asociadas a su tradición industrial- para atraer inversiones productivas; pero todas ellas se desvanecen (siempre pasa así en las decisiones económicas) frente a los factores de inestabilidad o incertidumbre.

Sería insultar a la inteligencia de los dirigentes sindicales considerar que desconocen esa realidad. Saben que la atracción de industrias sustitutivas no depende decisivamente de las administraciones públicas, y no ignoran que la huelga resulta más bien contraproducente para ese objetivo. Si pese a ello han planteado la movilización como una prueba de fuerza ha: sido porque entre sus objetivos figuraba también la obtención de un nuevo aplazamiento del proyecto de acabar con el actual sistema de Subvenciones a la minería (y a otros sectores).

Aceptar la presión y volver a aplazar la adopción de decisiones respecto a Hunosa significaría agravar un problema que ya está fuera de todo control. El argumento de que primero hay que crear los nuevos tmpleos y luego cerrar los pozos improductivos o ruinosos es falaz: sólo deteniendo la hemorragia de fondos públicos podrá canalizarse una parte de ellos al estímulo de actividades con futuro. Pero tampoco se puede pedir un acto de fe sobre el cierre de los pozos y dejar la negociación industrial para más adelante, sin fechas definidas. Las toneladas de demagogia que están siendo arrojadas sobre el problema no deberían oscurecer esa evidencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de octubre de 1991