Pleito anacrónico

CON LOS acuerdos Iglesia-Estado de 1979 en la mano, el Tribunal Constitucional no tenía otra opción que la de resolver a favor del episcopado de la archidiócesis madrileña el largo pleito que mantenía con la Universidad Autónoma de Madrid, que se consideraba avalada por la autonomía universitaria para no incluir la asignatura de religión y moral católica y su pedagogía en el plan de estudios de su escuela de magisterio. Tales acuerdos internacionales, al formar parte del ordenamiento interno español, constituyen un límite legal indudable a la autonomía universitaria.Legalmente, pues, la solución que se ha dado al pleito es impecable, lo cual no quita que el fondo del mismo ponga al descubierto una situación anacrónica, cuya existencia choca cada vez más con la naturaleza aconfesional del actual Estado español. La autonomía universitaria no es omnímoda: está limitada por la competencia del Estado para establecer las directrices generales de los planes de estudio a efectos de la homologación de los títulos profesionales. Pero ninguna otra instancia debería tener en sus manos la posibilidad de coartar esta autonomía en contra de las propias leyes del Estado.

Existe además otra cuestión íntimamente relacionada con la enseñanza de la religión en la Universidad que plantea una indudable contradicción con la autonomía universitaria: el privilegio de designar el profesorado de esta asignatura que los acuerdos de 1979 otorgan a los obispos. En este punto, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, pero sentencias anteriores parecen apuntar que, en lo que a la selección, designación y promoción de los profesores se refiere, la autonomía de la Universidad es intocable. Es decir, que la situación no está ni mucho menos tan clara como para evitar nuevos pleitos. Para ello seria preciso bien actualizar los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, bien hacer de ellos una interpretación constitucional, acorde con la plena soberanía del Estado y superadora del viejo confesionalismo.