Relevo en Japón

LA RENUNCIA de Toshiki Kaifu a un segundo mandato en la jefatura del Partido Liberal y del Gobierno japonés coincide con una creciente aceptación popular de su gestión al frente del Gabinete. Se diría que en Japón no se respeta la propensión del votante o la tendencia de los sondeos de opinión. De hecho, son los padrinos de las poderosas facciones de un partido perpetuado en el Ejecutivo desde 1955 quienes deciden apoyar o derribar las candidaturas.. En esta ocasión, la fulminante operación de acoso y derribo ha alcanzado a Kaifu, un político que ha arriesgado su carrera por la reforma de un sistema político y electoral excesivamente dependiente del dinero y, por tanto, proclive a la corrupción. La apuesta de un primer ministro tan mediatizado por el mecenazgo partidista y, al tiempo, tan comprometido personalmente con la renovación fue necesariamente audaz. Es posible que su derrota haya abortado la primera intentona seria de poner coto a un conservaduxismo político-financiero difícilmente homologable con los métodos dé las democracias occidentales.

Kaifu abandonó sus aspiraciones a la presidencia del partido en las elecciones del próximo día 27 -y a su automático nombramiento como jefe de Gobierno gracias a la cómoda mayoría de que disponen los liberales en el Parlamento- cuando perdió el respaldo de la facción liderada por Noburu Takeshita y Shin Kanemaru, la de más escaños y mayor influencia en la Cámara. Marginado por su propio partido en unas negociaciones con la oposición que concluyeron con el rechazo de sus tres aperturistas proyectos legislativos, el primer ministro amenazó con disolver el Parlamento y convocar elecciones. Fue un gesto con más voluntarismo y desesperación que posibilidades de éxito en una nación donde los ministros hurtan al presidente la lealtad que conceden a sus jefes de fila. Horas después, la facción de Takeshita le retiró el apoyo de la misma manera que en 1989 le aupó precipitadamente a la presidencia del Ejecutivo mientras el escándalo Recruit cubría de lodo y vergüenza a la clase gobernante nipona. Los intrigantes mandos del Partido Liberal han descubierto aceleradamente tres aspirantes a la sucesión de un gobernante que prometió trabajar para recuperar la confianza de los japoneses en sus hombres públicos.

Kilchi M¡yazawa, Michio Watanabe e Hiroshi Mitsuzuka, tres veteranos políticos con experiencia de gobierno y más fuerza que Kaifu en el partido, pugnan por sucederle. De los tres, Kjichi Miyazawa acaba de conseguir el respaldo del grupo de Shin Kanemaru -el más poderoso en el partido-, por lo que tiene prácticamente asegurada su designación como presidente de los liberales japoneses y como jefe del Gobierno.

El camino hacia la modernización política de Japón parece haberse detenido: ninguno de los tres ha demostrado en sus primeras declaraciones el entusiasmo por el cambio que sentenció al joven presidente. Ninguno de ellos puede presentar el expediente limpio que hace dos años favoreció la meteórica ascensión de un desconocido. Kiichi M¡yazawa, que ocupó los ministerios de Finanzas, Exteriores y Comercio e Industria, dimitió hace dos años al conocerse el enriquecimiento de su secretario particular a través de la compraventa de acciones de la inmobiliaria Recruit.

Sin embargo, para que nadie olvide que es necesario limpiar el funcionamiento de la vida financiera japonesa, el martes pasado el Ministerio de Hacienda impuso a Nomura Securities, la mayor compañía del mundo de brokerage (intermediación en bolsa), una durísima suspensión de un mes como castigo a su manipulación en-la compraventa de acciones. La imposición de la pena coincide con el inicio de negociaciones de las autoridades japonesas y norteamericanas para proceder a la desregulación financiera de Japón. Sea quien sea el que ocupe la presidencia, es seguro que la nueva Administración mantendrá el alineamiento de Japón con Estados Unidos. Anticipándose al cambio, las autoridades japonesas ya han anunciado un completo cambio de política respecto a la URSS, aprobando una ayuda de 2.500 millones de dólares (más de 250.000 millones de pesetas), de los cuales un quinto es ayuda humanitaria.