Las tres asociaciones de jueces exigen el cese de Corcuera y la respuesta del Poder Judicial

"Si quieres guerra, la vas a tener", dijo en diciembre de 1990 el ministro del Interior, José Luis Corcuera, al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, poco después de que este órgano emitiera un informe muy duro sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Diez meses después, aquellas palabras se confirman con las descalificaciones de Corcuera contra "algunos" jueces; la respuesta, ayer, de las tres asociaciones judiciales, que exigen el cese del ministro, y la contestación del CGPJ, cuyo presidente solicitó ayer respeto para los titulares del Poder Judicial y sus resoluciones.

Aparte de pedir la dimisión o destitución de Corcuera, las tres asociaciones coinciden en pedir al CGPJ que reaccione. Jueces para la Democracia envió a Sala -que se encontraba en Murcia- un escrito con el siguiente texto: "Ante las graves manifestaciones del ministro del Interior en las Cortes cuestionando la legitimidad democrática del poder judicial y la propia función de los jueces, el secretariado de Jueces para la Democracia ha acordado urgir al Consejo para que se dirija al Gobierno pidiendo una rectificación y a la opinión pública informándole de cual es el papel del ministro del Interior en relación con la magistratura".Sala, tras consultar con algunos vocales, emitió ayer una nota, según la cual "los jueces y magistrados que integran el poder judicial merecen el mayor respeto y consideración como titulares que son, y a título individual, de uno de los tres poderes del Estado". El presidente del CGPJ agrega: "Las resoluciones que adopten en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, cuando no se estimen ajustadas a derecho, pueden y deben rectificarse mediante el ejercicio de los recursos que establecen las leyes, incluidos los a ejercitar por el Ministerio Fiscal cuando proceda pero en ningún caso mediante el procedimiento de descalificación generalizada o individualizada"

"Evidente irresponsabilidad"

Jueces para la Democracia califica de "evidente irresponsabilidad" la manifestación de Corcuera de que dará instrucciones a las fuerzas de seguridad del Estado "para que falseen los atestados policiales en los casos de pruebas prefabricadas, lo que viene a suponer", dice, "una inducción al delito impropia de quien desempeña tan alto cargo, y una incitación a la creación de espacios de impunidad policial".La asociación estima que la consideración de la presunción de inocencia como "algo maleable en función de una mal entendida eficacia policial, significa la anulación del Estado de Derecho y el retroceso hacla formas de Estado policial". Agrega que "la distinción que hace el ministro entre jueces que colaboran con la policía y quienes no lo hacen revela un total desconocimiento y desprecio de la función que desempefia el poder judicial en un Estado de Derecho". Explica que los policías "deberl. estar a disposición" de los jueces "en la investigación de toda clase de delitos".

Además, entiende que "la seguridad ciudadana y colectiva es un bien necesario para la convivencia democrática, pero que no puede lograrse con la anulación o deterioro de libertades o derechos fundamentales del ciudadano". De ahí que este colectivo considere que las manifestaciones del señor Corcuera, al revelar su escasa comprensión y falta de sensibilidad por los valores y principios del Estado de Derecho, unidos a sus inadmisibles descalificaciones de las opiniones discrepantes hacen preocupante su continuidad al frente de un área de gestión tan importante como es el Ministerio del Interior y de tanta incidencia en los derechos y libertades individuales".

La asociación Francisco de Vitoria invoca el artículo 118 de la Constitución para recordar la obligación del ministro de "cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales". Razona que el qpe "el ministro desconozca los principios constitucionales le inhabilita para formar parte del Gobierno de un país democrático". "En consecuencia", añade, "exigimos su dimisión o su cese inmediato por el presidente González". Por último, declara que el CGPJ "no puede guardar silencio ante declaraciones tan graves como las del señor Corcuera". "Eso sería complicidad", concluye.

La APM declara su voluntad de no entrar en polémica con quien, abusando de encontrarse en el Parlamento "emplea la libertad de expresión para desestabilizar las relaciones entre las instituciones", pero califica "la desabrida actitud del señor Corcuera" como "una cuestión de Estado en la que el presidente del Gobierno, al que corresponde el cese de los ministros, y el CGPJ, como garante de la independencia de los jueces, han de asumir su responsabilidad y ejercer las funciones que les competen".

Por su parte, el PP atribuye al presidente del Gobierno, Felipe González, la responsabilidad por las declaraciones del ministro sobre los jueces en el debate del j ueves, informa Camilo Valdecantos.