El Ayuntamiento declara la guerra a las empresas contaminantes

El equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha decidido "declarar la guerra" a las empresas que incumplan la normativa vigente sobre protección del medio ambiente. Para ello, los servicios jurídicos municipales estudian remitir varios expedientes al Fiscal general del Estado por delitos ecológicos, a la vez que recurrirán a organismos internacionales competentes en la materia ante la indiferencia de las diferentes administraciones españolas.El equipo de gobierno asegura que el problema consiste en que las diferentes administraciones públicas que actúan en su término municipal no tienen capacidad en materia de inspección y control. Jesús Sánchez, concejal de Urbanismo, Industria y Medio Ambiente, afirmó ayer que la inhibición de organismos como la Dirección General de Minas, el Canal de Isabel II, la Comisaría de Aguas del Tajo o la Agencia del Medio Ambiente a la hora de cumplir y hacer cumplir la normativa para la protección del medio físico "produce auténticas e irreversibles agresiones en el entorno del municipio".

Residuos tóxicos

Sánchez indicó también que estos organismos están tratando de impedir las diferentes actuaciones municipales. Éste es el caso de la Industria Química Ibérica, instalada en el municipio, que supone, según el Ayuntamiento, "un peligro para el futuro de la población por generar residuos tóxicos". La Agencia de Medio Ambiente es incompetente para hacer frente al problema, según el concejal.

El Ayuntamiento se opone igualmente a la ampliación de la actual depuradora que presta servicio a tres poblaciones y que se encuentra también ubicada en el término municipal de San Fernando. Esta ampliación llevaría aparejada la instalación de una planta incineradora, lo que ha dado pie a la Administración municipal a declarar que no están dispuestos a que San Fernando "se convierta en una especie de vertedero comarcal de cualquier cosa".

Uno de los problemas medioambientales que más preocupa al equipo de gobierno es la actividad extractora de grava que llevan a cabo las empresas en los ríos Henares y Jarama, a pesar de la prohibición dictada hace meses por la Comisaría de Aguas del Tajo, organismo que no ha efectuado ningún tipo de seguimiento o control, según Sánchez.