España corta los fondos de ayuda a los refugiados de la Europa ex comunista

España ha suspendido este mes las ayudas económicas y la asistencia sanitaria a las personas procedentes de Rumania, Checoslovaquia, Hungría y Bulgaria que habían pedido refugio en nuestro país. Todos ellos quedan incluidos en la lista de Estados -la que ya figuraba Polonia, desde la primavera pasada- a cuyos ciudadanos se niega el asilo político, por entender que sus regímenes ya son democráticos. Además de estos países ex comunistas, España ha suspendido igualmente la ayuda a los procedentes de Perú. El Gobierno trata así de cortar el paso a millares de personas que se presentan en los puestos fronterizos acogiéndose al resquicio del asilo, para no ser rechazados como inmigrantes.

Los que pretendan venir a partir de ahora tampoco recibirán ayuda alguna. Ni podrán acogerse al proceso de regularización abierto para la generalidad de los inmigrantes ilegales, porque una de las condiciones del mismo consiste en haber llegado a España antes del 15 de mayo de 1991.

El año pasado recibieron ayuda un total de 4.454 polacos, 515 rumanos, 356 búlgaros, 248 checosvolacos y contingentes más pequeños de los demás países ex comunistas. También percibieron auxilios del mismo tipo más de 500 peruanos, todo ello con cargo a los programas que ahora han sido suspendidos. A falta de datos sobre el impacto de las nuevas medidas en los desplazamientos desde el este de Europa, esas cifras de atendidos en 1990 dan una idea de las dimensiones del colectivo afectado.

El corte de los fondos fue formalizado por el Ministerio de Asuntos Sociales, a través de una comunicación que se recibió a primeros de agosto en la Cruz Roja, que es la entidad encargada de gestionar tales ayudas con los acogidos. Antes de formalizar la decisión, el problema fue debatido en el seno de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, en la cual participa un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

Un gran incremento

Hasta ahora, los peticionarios de asilo tenían garantizadas dos facilidades: su entrada en territorio español -derecho que otros países no reconocen- y una ayuda económica "de emergencia" durante el tiempo necesario para tramitar la solicitud. Las cantidades oscilaban entre las 31.600 pesetas mensuales, para los que llegaran solos, y las 51.000, en caso de venir con familia, sumas que podían percibir durante un periodo que oscilaba entre 6 y 18 meses, según los casos. Además, se les prestaba asistencia sanitaria y ayuda para alojamiento.

Pero el Gobierno está asustado por la contundencia de las cifras. Frente a los 4.788 peticionarios de asilo en 1988 -el 61% de los cuales eran del este de Europa-, el número de solicitantes aumentó en 1990 hasta 7.810, de ellos el 46% procedentes del mismo área geográfica. En el primer trimestre de este año se han registrado 3.876 peticiones, principalmente de polacos y peruanos. A este ritmo, 1991 pod ría terminar con una marca sin precedentes: 13.000 o 14.000 solicitudes en un año.

De hecho, sólo se concede el 11% de las peticiones de refugio planteadas. Fuentes de las organizaciones no gubernamentales reconocen, por su parte, que entre el 25% y el 30% de los peticionarios de asilo no están en condiciones de probar las razones de sus solicitudes, lo cual no implica que sean falsas.

Inquietud por Yugoslavia

Los ciudadanos de Yugoslavia no figuran aún en la lista de países a los que se deniega el asilo en España. No sólo las autoridades de inmigración, sino las organizaciones de ayuda a refugiados, se muestran muy preocupados respecto a la posibilidad de que el conflicto civil provoque nuevas emigraciones hacia Occidente. Italia ha recibido ya los primeros contingentes de personas que huyen de la guerra.

El año pasado, cuando la tensión en ese área era menor, una treintena de yugoslavos fueron atendidos en España como solicitantes de refugio. Aunque la cifra no es alta, da indicios de que la lejanía geográfica y cultural no impide la búsqueda de salidas hacia donde sea.

Pero la solidaridad con los pueblos en dificultades no es un concepto de moda. La complacencia por la caída de los regímenes comunistas ha cedido al pánico a un éxodo hacia Europa occidental. Por el momento, la política española consiste en conceder asilo sólo a personas que cuenten con un fuerte apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o la Comisión Católica de la Inmigración, como garantes de que el peticionario es un verdadero perseguido y no como puerta falsa para intentar una mejora de sus condiciones de vida.

En general, el nivel cultural de los inmigrantes de la Europa ex comunista es más elevado que el de otras áreas. Entre ellos hay médicos, ingenieros y abogados, con serias dificultades para ejercer sus profesiones, que terminan trabajando de camareros, peones o criados. A pesar de este mayor nivel cultural, el Gobierno no quiere ser víctima de una presión similar a la que sufren países fronterizos con el antiguo telón de acero, como la República Federal de Alemania o el caso ya mencionado de Italia.

La política restrictiva tiene cobertura en una moción parlamentaria del pasado abril.