Aranzadi predice la quiebra instantánea de Hunosa si no hay plan de ajuste

, El ministro de Industria, Claudio Aranzadi, contestó ayer a la petición generalizada de todas las fuerzas sociales del Principado de Asturias de modificar el plan de futuro de la empresa Hulleras del Norte (Hunosa) con una afirmación rotunda: "O hay un plan que permita recibir ayudas o la quiebra de la empresa será instantánea". Asimismo, el ministro anunció en el Parlamento la promulgación de una ley que pondrá fin al monopolio de Campsa.

Aranzadi recordó a los diputados que las ayudas para la supervivencia de Hunosa son imprescindibles y que si no se cumplen las condiciones impuestas por la Comunidad Europea para las empresas que tienen contrato-programa (caso de Hunosa), "no se podrán establecer ni subvenciones, ni ampliaciones de capital, ni avales, ni mecanismos de renegociación de la deuda". Ante eso, aseguró que solamente quedan dos opciones: "o se establece un plan de reestructuración que cumpla las exigencias comunitarias o la empresa está abocada a una quiebra instantánea".Aranzadi afirmó que el Gobierno está obligado a cumplir el mandato del Parlamento, que esta misma semana aprobó una proposición no de ley de Izquierda Unida con el apoyo del PSOE para que se modifique el plan de Hunosa, al que se han opuesto los sindicatos y todas las fuerzas sociales asturianas. Sobre este asunto manifestó, no obstante, que era preciso conocer las alternativas de los sindicatos para negociar un plan alternativo que sea aceptado "porque hasta ahora no han presentado ninguna propuesta".

El mencionado plan de Hunosa propone la reducción de la plantilla en 5.960 trabajadores, lo que significa un tercio de la actual plantilla, y el cierre de nueve de los 23 pozos que explota la empresa minera. La producción se mantendría en los actuales niveles, es decir, en torno a 2,2 millones de toneladas al año, con lo que, según los directivos de Hunosa, podrían alcanzarse niveles de productividad mínimos. El coste de estas reducciones se eleva, según el plan, a 250.000 millones de pesetas. La reducción de plantilla está basado en la jubilación anticipada.

Las pérdidas anuales de Hunosa han superado los 50.000 millones de pesetas en los últimos ejercicios. De ellos, el Estado, a través del contrato-programa, ha cubierto 45.000 millones de pesetas constantes de 1986 (en pesetas corrientes del año 1990 fueron 49.000 millones). Sin embargo, el último contrato-programa terminó en 1990 y su renovación no se pudo materializar como consecuencia de que no había acuerdo entre las partes implicadas para cumplir las exigencias comunitarias. Si este año no se alcanza un acuerdo para establecer algún plan concreto, la amenaza que esgrimen los directivos de Hunosa es que las pérdidas serán de 62.000 millones y que las tendrá que asumir el INI.

Liberalización de precios

El ministro de Industria, que compareció en el Congreso para presentar el Plan Energético Nacional (PEN), informó asimismo de la elaboración de una ley que determinará el fin definitivo del monopolio de Campsa. Esta ley, que será la culminación del proceso desmonopolizador que ha llevado a cabo el Estado, español desde su incorporación a Ja CE y que promulgará cuando termine la segregación de Campsa (el próximo año), permitirá que los propietarios de las estaciones de servicio puedan adquirir el combustible a cualquier compañía española o extranjera y no se vean obligados a comprarlo a Campsa. Asimismo, las empresas españolas podrán suministrar a estaciones de la red paralela. El futuro de Campsa se centrará ahora específicamente a la actividad de distribución de productos petrolíferos a través del oleoducto y flota de camiones y barcos.

Además, los propietarios de estaciones de servicio tendrán libertad para fijar los precios de venta al público. Hasta que se promulgue esa ley, los precios los seguirá poniendo la propia Campsa de acuerdo a los precios máximos que fija el Gobierno cada 14 días. El fin del monopolio también singificará que, a la larga, haya libertad de distancias.

Esta segregación ha sido el paso inmediatamente anterior al fin del monopolio de petróleos y ha consistido en el reparto de todos los activos comerciales (gasolineras y otros puntos de venta) entre los socios de Campsa (Repsol, Cepsa y Petromed). Estas compañías se repartirán las 4.000 gasolineras de la red concesional adscrita a Campsa y que, a partir de la nueva ley, no estarán obligados a tener que depender del suministro de ninguna compañía. No obstante, los contratos entre concesionarios y compañías se mantendrán hasta que expiren. Según estimaciones oficiales, algunos tienen pervivencia hasta el año 2000. Pero al quedar el precio libre ya no habrá red concensional como tal y todas las gasolineras funcionarán con un régimen de libertad de acción.