España legalizará a un máximo de 100.000 extranjeros antes de cerrar las puertas en 1992

Las autoridades españolas están dispuestas a legalizar a un contingente de 100.000 extranjeros, como máximo, durante el actual proceso de regularización de inmigrantes ilegales, que termina el 10 de diciembre próximo. Durante este periodo, la policía está limitando las detenciones y se ha frenado el fuerte ritmo de expulsiones. Sin embargo, la situación actual es transitoria: el Gobierno está decidido a volver a la mano dura en 1992. Sus servicios jurídicos preparan nuevas sorpresas para facilitar la expulsión automática de los extranjeros descubiertos sin los papeles en regla.

Oficialmente, no existe un contingente establecido de 100.000 personas a legalizar. Pero ésa es la cifra que todos manejan en privado, desde la Administración a las organizaciones de asistencia a los extranjeros. Hay que tener en cuenta que los legalizados pueden reclamar a sus familiares directos -cónyuge e hijos-, lo cual puede llevar hasta 300.000 el número de extranjeros que debería admitir la economía española y sus sistemas sanitario y educativo, en un plazo de dos a tres años, en el supuesto de que se regularizara a los que ya estaban aquí antes del 15 de mayo.Esta previsión, unida a los 400.000 extranjeros que residen legalmente en España, proporciona "elementos de inquietud" con vistas al futuro. Las organizaciones asistenciales se preguntan dónde van a vivir los legalizados y sus familias: la regularización no establece el acceso a viviendas sociales, por ejemplo. Mientras, al Gobierno le preocupa cómo integrar a tantas personas sin que eso se convierta en un problema político y electoral.

Todas las indagaciones realizadas entre las autoridades de inmigración ofrecen idéntico resultado: hay voluntad real de sacar a la luz a los actuales colectivos de trabajadores extranjeros que residen de forma ilegal en nuestro país, siempre que tengan trabajo o posibilidades ciertas de obtenerlo. Pero esta apertura termina el 10 de diciembre. Después se reforzarán las medidas para el cierre de fronteras y la exigencia de visados, así como la vuelta a la política de expulsiones.

Mientras transcurre el plazo de gracia, un pequeño ejército de inmigrantes ilegales, principalmente norteafricanos, sigue intentando introducirse en España. Tratan de aprovechar la oportunidad de obtener permisos de trabajo y residencia, al amparo del actual proceso abierto por el Gobierno español. No tienen derecho a ello, estrictamente, porque la regularización sólo alcanza a los que demuestren haber entrado en España antes del 15 de mayo. Pero la miseria en que se mueven y la acción de los traficantes que les traen no está coordinada con los plazos del Gobierno español.

Las cifras que maneja el Ministerio del Interior estiman que la admisión de 100.000 ilegales resuelve el actual problema, porque representa el colectivo de irregulares que se encontraba en España al iniciarse la regularización.

Otros estudios, encargados por el Ministerio de Trabajo, calculaban el número de ilegales en 170.000, según se recogía en la comunicación del Gobierno al Congreso de los Diputados que sirvió de base a la regularización. Organizaciones no gubernamentales, entre ellas los grupos católicos de apoyo a la inmigración, afirman, por su parte, que esta cifra es mucho más alta.

55.000 peticiones

Lo cierto es que las oficinas del Instituto de Emigración se han visto desbordadas: están registrando entre 1.500 y 2.000 peticiones diarias, y en fechas punta de julio y agosto alcanzaron las 3.000 peticiones en un día.

Espoleados por las deportaciones masivas del pasado año y las actuales facilidades, 55.000 ¡legales han acudido ya a las oficinas de Emigración. Pero hasta primeros de septiembre, el Gobierno había entregado sólo 9.264 tarjetas de residencia y trabajo a otros tantos extranjeros. La Policía ha retenido millares de expedientes, a la espera de comprobar las documentaciones. Hay, 1.300 solicitantes a los que se ha descubierto antecedentes policiales y otros 2.000 que sólo han justificado la venta ambulante como medio de vida.

Los últimos incidentes en la costa sur, con la detección de barcas cargadas de marroquíes que pretendían entrar clandestinamente en España, son sólo una muestra de la persistencia del problema.

Existen otras rutas de penetración a través del Algarve portugués, cuya costa se encuentra menos vigilada y las construcciones dejan espacios libres mucho mayores. Algunos inmigrantes marroquíes usan también los pasos de la frontera pirenaica para trasladarse desde Francia a España.

Frontera portuguesa

El Gobierno está intentando cerrar con Portugal un acuerdo parejo al que ya existe con Francia y que permite la devolución de los extranjeros ilegales al país por el que han entrado. De hecho, se observa una seria preocupación por la actual permeabilidad de las fronteras portuguesas, que se han convertido en una ruta muy utilizada tanto por marroquíes como por personas de sus ex colonias africanas. Es también otra de las rutas detectadas para la entrada de chinos y la actual invasión de dominicanas.

Los marroquíes constituyen casi la mitad del contingente de personas que tratan de regularizar su situación antes del 10 de diciembre. Pouos de entre ellos utilizan la ayuda de las organizaciones católicas, que tutelan, en cambio, a latinoamericanos, filipinos, polacos y algunos centroafricanos. La Asociación de Solidaridad con Trabajadores Inmigrantes (ASTI), dirigida por Antonio Martínez y perteneciente a la Iglesia católica, ha ayudado a más de 2.000 personas a presentar la documentación, sólo hasta primeros de septiembre. El árbol de dicha organización católica es la mayor protección posible: consiguen el 90% de los permisos que solicitan.

Por otra parte, la comisión de migraciones de IU consideró ayer "poco alentadores7 los resultados del proceso de regularización de inmigrantes hechos públicos hasta ahora.