Gobierno, PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida defienden la actual estructura del Estado

El Gobierno y la mayor parte de las fuerzas políticas fijaron ayer sus posiciones respecto al debate nacionalista. Los partidos predominantes rechazan poner en cuestión el modelo actual del Estado. Así el Gobierno, con los votos del Grupo Socialista, "se pondrá enfrente" de cualquier iniciativa para modificar la Constitución o los estatutos. Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida consideran que con las citadas normas puede alcanzarse la máxima autonomía, mientras que los partidos nacionalistas reiteran que es "un error" del Gobierno ignorar los acontecimientos de la URSS y Yugoslavia.

La reunión que anteayer celebró la Ejecutiva Federal del PSOE, dirigida por el secretario general y presidente del Gobierno, Felipe González, ha servido para que esa formación política ya tenga una doctrina oficial respecto a las reivindicaciones nacionalistas de las últimas semanas, aunque el presidente del Gobierno continúa en silencio respecto a esta polémica. El meollo de la opinión de los socialistas en este debate puede resumirse en el deseo de mantener el actual estado de cosas y negar cualquier reflejo o consecuencia para España de los movimientos de independencia en la escena internacional.El vicepresidente, Narcís Serra, dijo ayer en Vigo que el Estado de las autonomías es "modélico" y puede servir como experiencia para otros países con problemas de nacionalismos. Serra advirtió que los recortes en los presupuestos del Estado afectarán también al sistema de financiación de las comunidades autónomas, cuyo nuevo modelo comenzará a negociarse en los próximos días.

Serra afirmó, según informa , que comprende "poco" las comparaciones realizadas por políticos vascos y catalanes. "Si alguna comparación tiene interés es en la dirección opuesta a la que se ha utilizado", señaló. "Son las repúblicas bálticas las que deben pretender tener un proceso tan tranquilo, constructivo y democrático como el que hemos tenido todos los españoles".

El secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, fue ayer explícito: "Hay que respetar la legalidad y ello significa respetar la Constitución y los estatutos de autonomía, y quien se ponga fuera de ello tendrá enfrente al PSOE, democráticamente, pero enfrente".

A su vez el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, comentó en los pasillos del Congreso que no hay "crispación social" por el debate nacionalista, sino que los ciudadanos "tienen cierta inquietud por esta polémica provocada por los políticos y que poco tiene que ver con las preocupaciones de los ciudadanos".

Guerra señaló que la Constitución y el modelo de Estado autonómico son vistos por otros países con simpatía, que los consideran dignos de ser imitados.

Enfriar la polémica

Las instrucciones del Gobierno son las de "enfriar" la polémica, pero simultáneamente rechazar las declaraciones o acciones que estime inadecuadas. Así Benegas, al ser preguntado por las hojas parroquiales difundidas en Cataluña, dijo: "Es un error que los obispos las autoricen, ya que la Constitución y los estatutos vinculan a todo el mundo, incluido a los obispos". También sin ánimo de "crispar" pero para que quedara claro, Benegas afirmó que algunas comparaciones las repúblicas bálticas son "ridículas". Entre tanto, Martín Toval calificaba de "histéricas" las reacciones nacionalistas.

En este capítulo de respuestas tanto Benegas como el ministro de Defensa, Julián García Vargas, reprocharon al portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, su referencia crítica al papel que la Constitución otorga a las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial. García Vargas consideró que Anasagasti había demostrado "ignorancia política", mientras que Benegas afirmó que esa asignación a las Fuerzas Armadas era propia de "todas las constitudiones democráticas".

Tanto el Gobierno como el PSOE consideran que "esta tormenta", según afirmaba un ministro, es cíclica, pero no creen que en esta ocasión vaya a amainar a corto plazo.

Julio Anguita, presidente de Izquierda Unida, también comentó ayer que, antes de hablar de reformar la Constitución, hay que desarrollar los estatutos de autonomía y la propia Carta Magna. En similares términos se expresó ayer en Barcelona el presidente del PP, José María Aznar, quien expreso su oposicion a "una nivelación igualitaria" de competencias" entre todas las comunidades

De acuerdo con su pretensión de mejorar la escasa presencia del PP en Cataluña, Aznar realizó un esfuerzo para combinar la firmeza en la defensa de la unidad de España con los guiños al nacionalismo catalán moderado. Su partido está dispuesto, dijo, a llevar "hasta sus últimas consecuencias" el desarrollo del Estado de las autonomías, incluyendo si hace falta la reforma de la Constitución a medio plazo, dijo, refiriéndose al Senado.