Informe para un debate necesario
El autor defiende que el informe elaborado por la llamada comisión Abril sobre la reforma de la sanidad española debe servir de base para una seria discusión política y social de la asistencia sanitaria.
Se ha iniciado por fin un público debate nacional sobre la sanidad, tan necesario como esperado durante años. Es, sin duda, un acontecimiento sanitario provocado por el llamado informe Abril, que ha irrumpido polémicamente en la sociedad española, desencadenando inquietudes, opiniones, declaraciones y actitudes numerosas y distintas, incluso ha originado anuncios de alianzas y hasta plataformas beligerantes de naturaleza no muy clara. Este agitado recibimiento del informe es, en sí mismo, un hecho sustancial y relevador.Afirma, en primer lugar, las razones que me movieron a sugerir la creación de una comisión de expertos. Ahora es evidente que desde la neutralidad de los conocimientos de un grupo de técnicos es posible elaborar un análisis del sistema sanitario capaz de quebrar la ineficacia de las monótonas controversias entre los partidos políticos y de romper la indiferencia social en que se diluyen la multitud de quejas y denuncias individuales.
El mantenimiento y mejora de la calidad sanitaria exigen un proceso continuo de adaptación a las nuevas demandas, y el problema fundamental de nuestro sistema sanitario es que, salvo excepciones, siempre se actuó Irreflexivamente, sin atender a lo que estaba pasando, ni dentro ni fuera del país. Han abundado los tópicos infundados, los dogmatismos ideológicos y los ofrecimientos imposibles. Y han escaseado, sin embargo, los análisis competentes, objetivos y serenos. El informe elaborado por la comisión debe servir de base para una seria discusión política y social de la sanidad. Una discusión que permita encontrar fórmulas de recambio, lo más consensuadas posible, para que los logros sociales permanezcan, se abaraten y satisfagan, al tiempo que España se moderniza.
En segundo lugar, el informe ha contribuido a que cristalice en forma visible el interés de la sociedad española por su sistema asistencial. Un interés cuyo contenido resulta imprescindible conocer, y que por tanto conviene que también se defina y ayude a establecer prioridades. Y costes de oportunidad. Porque será bueno saber lo que estamos dispuestos a aceptar que no se haga en distintas esferas de la acción del Estado, incluidas otras prestaciones sociales, para poder hacer cosas en el campo de la sanidad. 0 viceversa: cuántos recursos pensamos que son más necesarios en educación o infraestructuras, o preferimos que se empleen en verbenas y recuperación de tradiciones culturales superfluas antes que en la asistencia sanitaria.
Calidad de la asistencia
En este sentido, podría decirse que alguna preferencia se ha mostrado ya en los comentarios que la entrega del informe de la comisión ha producido. Parece que el mayor interés está en que la asistencia sanitaria continúe percibiéndose -aunque no lo es- como gratuita. La calidad, sin embargo, no ha merecido apenas atención. Lo que está en evidente contradicción con el hecho de que unos cuatro millones de españoles hayan suscrito, a su costa, una póliza de seguro sanitario, precisamente porque están insatisfechos con la calidad de la asistencia pública, sin que eso signifique que renuncien -tampoco pueden- a ella, que queda para aquellas circunstancias en que resulte necesaria.
De lo cual se deducen dos cosas: primera, que existe ya un número considerable de españoles que pagan para tener mejor calidad, a pesar de la gratuidad financiada con sus impuestos. Es decir, existe una aspiración social -consecuencia del desarrollo económico- a la calidad; segunda, que otra buena parte de españoles no pueden comprar esa calidad privada y están obligados a consumir sólo la pública, y defienden, como es lógico, la gratuidad. Es decir, deben sufrir la mala calidad. Esta diferencia de calidad percibida por el ciudadano muestra un aspecto característico e hiriente de nuestro sistema sanitario: tiende a establecer una sanidad para pobres. La universalización deja de ser así una conquista social. Cuestión que ya advertí en junio de 1987 en un debate en el Congreso: "Gobernar en sanidad es resolver la encrucijada entre la contradicción de la universalización de la asistencia, la limitación de los recursos y la mejora de la calidad".
Todos estos hechos plantean problemas más hondos de lo que algunos creen y exigen análisis rigurosos. La sanidad es compleja y multirrelacionada. Por ejemplo, nos podríamos encontrar que en el mundo real, o sea, en el mundo de recursos limitados, la defensa a ultranza de la gratuidad para todos en la asistencia pública sin consideración de la calidad supone, de hecho, paradójicamente, una defensa de la sanidad privada, que acoge a los insatisfechos del sistema sanitario. Dicho de otro modo, la asistencia pública se muestra ahora incapaz de satisfacer lo que en el estado de bienestar se considera conquista social.
Economía de la salud
Estas consideraciones aparenternente economicistas son, en realidad, consustanciales con un entendimiento y logro humanista y equitativo, progresista por tanto, de la sanidad. Por diversas razones, en sanidad no se genera auténtica presión social y sólo un sentido de justicia puede empujar las reformas necesarias. Únicamente así, también, se podría responder a la sentencia del doctor Rochard, expuesta hace un siglo (1889): "Todo gasto concerniente a la higiene es una economía, nada hay más dispendioso que la enfermedad como no sea la muerte, el derroche de la vida humana es el más ruinoso de todos".
En definitiva, el informe Abril constituye "un terreno firme en el que se puede asentar, sin falsas ilusiones" el debate nacional sobre la sanidad española. Es un reto al que no podemos contestar encerrando el futuro en convencionalismos ideológicos ni admitiendo sólo aquellas reformas que miran hacia el pasado. El informe es, sobre todo, un marco de debate para encontrar soluciones. En ningún caso una ocasión para exhibir progresismos que harían imposible la mejora del sistema sanitario público.
es diputado y portavoz de Sanidad de CDS.
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