Calle y Parlamento

CUANDO SE trata de diagnosticar las posibles causas del creciente desentendimiento ciudadano por la participación política, manifestado de manera especial en la abstención electoral, el funcionamiento del Parlamento figura entre las principales. El sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas y la norma reglamentista que regula la vida del Congreso y del Senado han sido señalados como los culpables del alejamiento de la Cámara del sentir y de las preocupaciones del ciudadano. Una situación que ha sido denunciada en numerosas ocasiones con la recurrente fórmula de "el Parlamento vive de espaldas a la calle".La reforma del sistema electoral, sobre el que las fuerzas políticas mantienen un acuerdo básico desde 1977, si bien el Partido Popular (PP) parece inclinarse últimamente por las listas abiertas, es una tarea que requiere un consenso que todavía está lejos de alcanzarse. Y es lógico que ello sea así. Tal reforma plantea de hecho casi tantos problemas como los que pretende resolver. Los expertos están de acuerdo en que el sistema de listas abiertas tendría un efecto positivo para la actividad parlamentaria: el diputado recuperaría su autonomía, y el grupo parlamentario dejaría de ser mero apéndice de las ejecutivas de los partidos. Pero una mayor personalización del mandato popular implicaría optar por circunscripciones más pequeñas, con candidaturas uninominales, lo cual significaría aumentar la distorsión global voto-escaño.

Pero sin necesidad de cambiar la esencia del sistema electoral vigente -que también debe plantearse en cualquier momento- se puede hacer algo que está más al alcance de la mano para dar una mayor autenticidad a la vida parlamentaria: una reforma reglamentaria que agilice el funcionamiento de las cámaras, que acerque lo más posible el debate a la actualidad y que intensifique los mecanismos de control parlamentario sobre la actividad del Ejecutivo. A ello tienden, precisamente, las propuestas de reforma elaboradas por el PP y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con las que dichas formaciones pretenden reactivar en septiembre un debate que quedó en suspenso en octubre de 1989 por las elecciones generales y que también el PSOE parece dispuesto a reanudar.

El actual reglamento del Congreso, aprobado en 1982, fue patrocinado por la Unión de Centro Democrático (UCD), pero su principal beneficiarlo ha sido el PSOE. El entonces partido de Suárez pretendió asegurarse los mecanismos para poder gobernar sin agobios con la mayoría relativa de que disponía, atribuyendo amplios poderes a la presidencia y mesa del Congreso. Pero en una situación de mayoría absoluta, como la que se produciría en octubre de 1982, los efectos negativos se harían sentir de inmediato: la ponencia, órgano parlamentario donde se preparan las leyes, deja de ser un lugar de debate; se burocratiza la producción legislativa; se obstruyen los conductos de información hacia los grupos de la oposición, y se facilita la aplicación mecánica del criterio mayoritario a los distintos niveles y procedimientos de la actividad parlamentaria. El resultado es el encorsetamiento de las funciones del Parlamento y su falta de sintonía con el ritmo de vida vigente en la sociedad.

De ahí que las propuestas del PP y del PNV sean la ocasión para enderezar una situación criticada en los últimos años. La agilización del sistema de preguntas e interpelaciones, la conveniencia de una mayor presencia y de un mayor control parlamentarios del jefe del Ejecutivo, la reordenación de los debates sobre el estado de la nación o la ausencia del requisito de la mayoría para crear comisiones de investigación, aunque se mantenga, obviamente, para la aprobación de sus acuerdos, son cuestiones dignas de tenerse en cuenta si se quieren aproximar Parlamento y sociedad. De otro lado, el Congreso es un órgano tanto de la representación mayoritaria como de la oposición, y esta doble característica -permitir a la mayoría realizar su programa de gobierno y a la oposición criticarlo y elaborar alternativas- exige un derecho parlamentario que garantice mejor que en la actualidad el equilibrio entre una y otra función.