Torpe estrambote

EL PROYECTO de ley del servicio militar finalmente remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados es el resultado del amplio debate parlamentario desarrollado a partir de la sorprendente propuesta de una mili de tres meses planteada por el CDS en vísperas de las elecciones generales de octubre de 1989. No puede decirse, pues, que sea una improvisación, al margen de la opinión que pueda merecer su contenido. Lo que tiene visos de serlo, y que se sepa no es producto de reflexión parlamentaria alguna, es el estrambote que en forma de disposición adicional se ha añadido a dicho proyecto de ley mediante la cual se discrimina socialmente a los jóvenes insumisos y a los que se acojan a las prórrogas legales de incorporación a filas poniéndolos en la cola de los demandantes de empleo en el ámbito de las administraciones públicas.El modelo de servicio militar acordado por las fuerzas parlamentarias mayoritarias (PSOE y PP) es, como no podía ser de otro modo, fruto de la transacción. Aunque es de esperar que a lo largo de su discusión en el Parlamento el proyecto de ley se enriquezca con las aportaciones de los grupos minoritarios, principalmente del CDS e Izquierda Unida. En líneas generales se ha intentado hacer compatibles determinados intereses y conceptos firmemente arraigados en el ámbito castrense con la contestación social al actual modelo de la mili, humanizando y racionalizando las condiciones de su prestación. Eso sí, mediante una fórmula que supone el perfeccionamiento de este modelo (mantenimiento del servicio militar obligatorio y aumento del porcentaje de profesionales hasta un 50% de las Fuerzas Armadas de aquí al año 2.000) a través de tres ejes fundamentales: la reducción de la mili de 12 a nueve meses, la reforma del propio servicio -por primera vez se introduce una tabla de derechos y deberes de los reclutas y se les exime explícitamente de la realización de tareas no relacionadas estrictamente con la defensa- y la posibilidad de que los jóvenes puedan elegir el momento de su incorporacion a filas, el lugar e incluso la actividad a desarrollar en función de sus aptitudes personales.

Pero al mismo tiempo que modelo de transacción, el servicio militar propuesto lo es también de transición. Su horizonte es la divisoria del año 2.000, pero es dudoso que pueda traspasarla sin crisis, si se tiene en cuenta el fuerte ritmo evolutivo de la conciencia social sobre esta cuestión y la rapidez de los cambios en la estrategia defensiva derivados de la configuración todavía en curso del nuevo escenario internacional. De todos modos, son cuestiones todas ellas discutibles y sobre las que nadie puede atribuirse la última palabra, aunque pronto se verá si el nuevo modelo es operativo y cuál es el grado de su arraigo social.

Lo que no es discutible y debe ser rechazado como peligroso factor de disenso social es la pretensión de hacer de la ley del servicio militar un instrumento de medición de ciudadanos buenos y malos, facilitando a quienes la cumplan el acceso a los empleos públicos y obstaculizando dicho acceso a quienes la incumplan o se muestren remisos acogiéndose a las prórrogas legales de incorporación a filas. No hay que tener una excesiva sensibilidad jurídica para colegir que tal discriminación socava el principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley. Y en el caso de los insumisos, que rechazan el servicio militar y la prestación social sustitutoria, tal discriminación implica además añadir una pena accesoria de carácter administrativo a las establecidas en el Código Penal para este tipo de conductas. El ministro de Defensa pretende hacer de este trato desigual un elemento disuasorio de la contestación a la mili. Pero aunque el fin fuera bueno, el medio elegido no lo es. La Administración pública no es un predio que el Gobierno pueda regentar a su guisa. Es de esperar que todos los grupos parlamentarios, incluido el socialista, convengan en ello y que, en consecuencia, hagan lo posible para que este estrambote desaparezca del proyecto de ley durante su discusión en el Parlamento.