Arden las rejas

Tres en siete días. Como una ola, los motines han elevado aún más la temperatura de las cárceles españolas. Puede que no haya epidemia, pero sí fiebre. Los virus endémicos del sistema penitenciario gozan de buena salud: hacinamiento, droga, mafias, difícil rehabilitación... La Administración trata de suavizar un cuadro que los demás sectores consideran muy grave. "En la cárcel, el preso que quiere rehabilitarse puede", afirma el secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, para quien la droga tampoco es un problema relevante en las celdas que ocupan 36.736 hombres y mujeres.

Miércoles 10 de julio. Herrera de la Mancha (Ciudad Real) vive su segundo motín en cuatro meses. Un interno es asesinado por sus compañeros. Los presos de primer grado -22 horas de celda y dos de patio- reivindican mejoras en la vida penitenciaria.Lunes 15. Cáceres 2. La pelea entre dos bandas rivales degenera en rebelión secundada por la mayoría de los 450 presos. Siete heridos.

Martes 16. Nanclares de Oca (Álava). Cuatro presos se amotinan y toman a otro como rehén. Piden mejoras internas.

"La situación está controlada. No hay conexión entre los tres conflictos, aunque sí puede haber un efecto mimético", apunta el secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción. A su juicio, "no hay ninguna causa determinante para los motines". "Es difícil saber cuál es la espoleta", añade.

"Sólo depende del ánimo de los internos. Pueden provocar incidentes cuando quieran, porque no hay disciplina", responde el secretario general del sindicato CSIF-Prisiones, Herminio Juan. "Al hacinamiento que padecen los presos se suma el descenso de funcionarios, debido a las vacaciones de verano", añade la responsable federal de UGT-Prisiones, Ana Isabel Pérez Martín.

Como ellos, el secretario del ramo en CC OO, Carlos Rodríguez, reconoce el desánimo general de los funcionarios y las deficientes condiciones de vida de los 36.736 presos -ocho de cada 100, mujeres, y unos 500 etarras-. También él apunta otro elemento para el estallido: el calor. "Las temperaturas son agobiantes y el clima en las cárceles se vuelve más tenso", afirma.

Hacinamiento y calor

"El hacinamiento y el calor aumentan las tensiones. Éstas se suman al malestar natural que siente quien está privado de libertad", tercia el psiquiatra Enrique González-Duro.

El argumento veraniego, que también comparte el secretario general de Asuntos Penitenciarios, no convence a la juez de vigilancia de la cárcel de Carabanchel, Manuela Carmena. "Hay motines en invierno y en verano. La causa fundamental de las revueltas es el endurecimiento del régimen disciplinario. Se ha creído que es posible aumentar la seguridad incrementando las sanciones", afirma.

El excesivo rigor, junto a la masifícación, fue también denunciado por el Defensor del Pueblo en su último informe. La Asociación Pro Derechos Humanos acaba de hacer pública su opinión: Las condiciones de vida de las prisiones son muy deficientes en general".

Las circunstancias son especialmente duras para los 1.578 presos clasificados en el primer grado, castigados con 22 horas de celda. "El aislamiento es una tortura psicológica. Provoca una tensión latente y un resentimiento que les hace tener como dinamita dentro", apunta el psiquiatra González-Duro.

Los reclusos de primer grado son los protagonistas habituales de los motines. La pescadilla se muerde la cola. Su clasificación obedece a la peligrosidad, y el régimen de vida induce a la rebelión. En medios sindicales se asegura que faltan medios para hacer una clasificación correcta. Según el secretario general penitenciario, "de los mismos presos depende pasar a segundo grado y mejorar sus condiciones de vida".

"La situación es difícil, pero nadie debe pensar que las cárceles van a estallar", afirma Asunción. Para la juez Carmena, el auténtico problema de las prisiones es la droga: "La mayoría de los presos son toxicómanos y no tienen tratamiento. Además se encuentran con una disciplina irracional".

"El consumo de drogas en las cárceles es insignificante. No es motivo de preocupación frente a otros problemas", replica Antoni Asunción. El máximo responsable de las cárceles es el único que defiende este punto. Recientemente ordenó retirar el número 2 del Boletín de Información Penitenciaria, editado por su propia secretaría. Además de un estudio en el que se concluía que la tasa de suicidios en prisión ha llegado a ser en ocasiones 10 veces mayor que la extrapenitenciaria, la revista afirmaba: "El que un porcentaje elevado de la población penitenciaria tenga hábito de consumo de tóxicos ilegales da a la prisión el carácter de receptor de problemas". El Ministerio de Justicia reconoce que el 46,9% de los encarcelados en 1990 eran drogadictos.

Difícil rehabilitación

"Al problema de la toxicomanía se suma el del sida. Calculamos que la mitad de los reclusos son portadores del virus. También hay muchos con problemas psiqúiátricos", afirma el abogado Jaime Elías, portavoz de Salhasketa, asociación vasca de ayuda a los presos.

"Con las condiciones actuales no es posible la rehabilitación", añade. Los datos oficiales señalan que los presos protadores del virus del sida descendieron del 28,4% en 1989 al 24,2% en 1990. En relación con la droga suelen estar las mafias. Asunción tampoco destaca este problema. La UGT ha llegado a denunciar en Cádiz la existencia de bandas de delincuentes armados que imponen su ley en la cárcel Puerto 1. Según el sindicato, estos grupos de El Puerto de Santa María disponen de navajas y pinchos de fabricación casera.

El catálogo de deficiencias es amplio, pero se reconocen mejoras de forma bastante unánime: las condiciones sanitarias y la alimentación son mejores. La solución a la masificación sólo puede venir construyendo prisiones. Están previstas 20.500 nuevas plazas en los próximos cinco años. El presupuesto es de 130.000 millones. No obstante, el número de reclusos seguirá en aumento hasta el año 2000.

"La situación ha mejorado gracias al aumento de presupuestos. Por otro lado, la Ley General Penitenciaria ha humanizado las cárceles. La redención funciona", apunta Carlos García-Valdés, catedrático de Derecho Penal. Él, padre de ese cambio legislativo, llegó a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios con 40 cárceles quemadas en los motines de la desaparecida Coordinadora de Presos en Lucha (Copel).