El escándalo del BCCI enfrenta al ministro de Finanzas y al gobernador del Banco de Inglaterra
El Gobierno británico está decidido a soltar el lastre que sea necesario antes de verse arrastrado por el naufragio del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI). Incluso parece dispuesto a lanzar por la borda al mismísimo gobernador del Banco de Inglaterra, Robin Leich-Pemberton. El canciller del Exchequer (ministro de Finanzas), Norman Lamont, ha anunciado la apertura de una investigación pública, a la que Leich-Pemberton se oponía radicalmente.
Ante la Cámara de los Comunes, Lamont fue rotundo al afirmar que la supervisión bancaria es "indiscutiblemente una tarea del Banco de Inglaterra, y no del Gobierno". "Leich-Pemberton ha sido nombrado cabeza de turco oficial", gritaron desde los bancos laboristas.La magnitud del escándalo es tal, que se especula incluso con la posibilidad de que el primer ministro, John Major, anticipe al máximo las elecciones para que éstas se celebren antes de que se conozca el resultado de la investigación, previsiblemente negativo para la Administración conservadora. Hoy lunes empezará a discutirse quién debe dirigir la comisión investigadora.
Los laboristas insisten en que debe ser un experto en materia de finanzas internacionales y en que, preferiblemente, debería no ser británico. Si el Gobierno elige a un Financiero londinense, argumentan, es muy posible que acabe investigándose a sí mismo, dadas las casi infinitas ramificaciones del asunto.
Los desórdenes del Bank of Credit and Commerce International eran públicos y notorios al menos desde 1988, año en que se creó un comité especial para vigilarlo. El Banco de Inglaterra y el Instituto Monetario de Luxemburgo -país donde el banco tenía su sede central- dirigían el comité, en el que participaban otros cinco países. El estrecho marcaje estaba justificado: el BCCI financiaba las actividades del antiguo hombre fuerte de Panamá, general Manuel Antonio Noriega, y existían indicios de relación con el narcotráfico.
El año pasado, efectivamente, varios directivos de la entidad fueron condenados en Estados Unidos por blanquear dinero procedente del comercio de drogas.
Desde ese momento, arreciaron las denuncias contra la entidad. El despido de un nutrido grupo de técnicos y auditores del BCCI fomentó entre éstos un incontenible frenesí delator. Enviaron cartas al Gobierno británico, al Banco de Inglaterra, a Price-Waterhouse -auditora del banco desde 1987- e incluso al presidente de los Estados Unidos. Lo contaron todo: fraude fiscal generalizado, corrupción -los directivos se repartieron 5.000 millones de pesetas, para cerrarse la boca unos a otros-, falsificación -un auditor de Price-Waterhouse ha confesado ahora que "casi todo lo que veía o tocaba en el banco era falso"-, estafas... pero, según se defiende Leich-Pemberton, no se podía hacer nada "por falta de pruebas".
Pérdidas
No se pudo hasta el pasado 5 de julio, cuando, a instancias del Banco de Inglaterra, el banco fue cerrado en siete países. Las delegaciones restantes -que afectaban a otros 62 países- cesaron su actividad en los días siguientes. Las pérdidas totales de la entidad aún no han sido evaluadas. Los más optimistas hablan de 4.000 millones de dólares (más de 400.000 millones de pesetas). Los menos optimistas elevan la cifra hasta los 15.000 millones (más de 1,5 billones). Los activos están valorados en unos 20.000 millones de dólares.
Lo que se preguntan los accionistas y los impositores -miles y miles de ellos van apareciendo en todo el mundo- es por qué ha sido cerrado el banco, en lugar de procesar a sus directivos -los más enfangados de ellos abandonaron la entidad a principios de año- y articular un plan de saneamiento.
El principal accionista del BCCI, el jeque Zayed bin Sultan al-Nayan, multimillonario dirigente del emirato de Abu Dabi, aportó 1.000 millones de dólares en 1990 para sanear el banco, y, pocos días antes del cierre -y de acuerdo con el propio Banco de Inglaterra-, había reforzado el capital con otros 660 millones de dólares, que no eran sino el adelanto, dicen fuentes del emirato, de una masiva inyección de petrodólares. Ahora, el jeque está de un humor de perros. Se siente estafado y brama contra las autoridades británicas. El viernes pagó un enrabletado anuncio a toda página en varios periódicos londinenses para desahogarse.
Los impositores, a su vez, se oponen a la liquidación de la entidad. Un grupo de ellos presentará hoy ante los tribunales ingleses un recurso contra el cierre decretado por la autoridad monetaria.
Querellas
Y otro grupo, mucho más agresivo, ha anunciado una querella contra el mismísimo Banco de Inglaterra y contra la Firma auditora Price-Waterhouse. Según las leyes del Reino Unido, los impositores pueden recuperar como máximo el 75% de su dinero, con un límite de 15.000 libras (lo que equivale a menos de tres millones de pesetas).
Vista la magra perspectiva, los impositores que confiaron en el Bank of Credit and Commerce International para depositar sus ahorros, parecen dispuestos a luchar hasta el final para conseguir recuperar su, hoy por hoy, esfumado dinero.
