Economía obtiene plenos poderes para decidir el recorte del gasto público en cada ministerio

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, obtuvo ayer pleno respaldo público del Gobierno en los dos frentes que ha mantenido abiertos en las últimas semanas. En cuanto al pacto social, el Consejo de Ministros avaló la subida de impuestos anunciada por Solchaga y no hizo autocrítica tras la ruptura de las negociaciones, al mantener como válidos tanto los objetivos del pacto como el método seguido. Respecto del recorte presupuestario, el Consejo de Ministros ya tomó la decisión global y no volverá a discutirlo porque es el Ministerio de Economía quien tiene plenos poderes para decidir el "reparto", después de hablar con cada departamento.

C. M., La ministra portavoz, Rosa Conde, durante la conferencia de Prensa posterior al Consejo de Ministros, dejó claro que la discusión sobre el recorte presupuestario -"contención", según la palabra preferida por la ministra- está cerrada desde hace dos semanas y aprobadas las líneas generales y, por tanto, no volverá a discutirse en el Gobierno. A partir de ahí se decidió que el Ministerio de Economía y los departamentos más afectados "se pusieran de acuerdo para ultimar las cantidades" en base a un primer reparto propuesto por Hacienda.La tardanza en concretar la distribución del recorte no obedece, según Rosa Conde, a que existan "grandes malestares, preocupación o crispación" sino a que se trata de una "decisión difícil" porque están en juego las prioridades" de algunos departamentos. El ministro de Defensa, Julián García Vargas, presente en la rueda de prensa de ayer, y uno de los más afectados por el recorte, junto con el de Obras Públicas y Transportes y el de Educación, expresó su "solidaridad" con el recorte decidido, aunque, puntualizó, "otra cosa es que defienda las prioridades de mi ministerio".

García Vargas aclaró que la no ejecución parcial del presupuesto de su departamento "no afectará a las partidas relacionadas con la operatividad de las Fuerzas Armadas" aunque sí anunció "dificultades para la empresas relacionadas con la industria de defensa".

Así las cosas, todo se resume en que el Gobierno decide el recorte global, Economía lo dispone y quienes intentaban "recomponerlo" mediante otras alternativas -como acudir a créditos extraordinarios para financiar parte del agujero presupuestario-, la única batalla que pueden dar es la de arañar algunos miles de millones en un pulso directo con el equipo de Carlos Solchaga que, al final, es quien decide.

El poder político del ministro de Economía y Hacienda sale así aparentemente reforzado de este envite, lo mismo que ha ocurrido con el otro frente abierto en las últimas semanas, la concertación social. Rosa Conde rechazó el término "fracaso" para definir la ruptura de las conversaciones; señaló que el Gobierno no había hecho autocrítica y que tanto el método como los objetivos del pacto continúan siendo válidos.

También señaló que el Gobierno en su conjunto respaldaba el anuncio efectuado por Solchaga sobre una subida de impuestos y la mayor lentitud en el descenso de los tipos de interés, aunque la situación no es dramática". "Al final", aseguró, "estoy convencida de que en 1993 llegaremos a donde queríamos".

Críticas a los sindicatos

Aunque, expresamente, no sefialó culpables del fracaso de las negociaciones, dijo que la "no aceptación por parte de los sindicatos de la oferta negociaciadora del Gobierno, supone la pérdida de una gran ocasión para el acercamiento a la Comunidad Europea". En otro momento, dijo "como experta en, estos ternas", que la opinión pública "no comparte las razones de los sindicatos" para abandonar las negociaciones.

La ministra insistió en que "la oferta de un pacto global sigue abierta" sin plazo fijo aunque, mientras, se tomarán medidas" y añadió que el Gobierno tampoco está cerrado a discutir con empresarios y sindicatos reformas sectoriales, por ejemplo, las que afectan a las relaciones laborales y, en concreto, la reforma del Instituto Nacional de Empleo.

El espaldarazo del Gobierno a Solchaga no es compartido por UGT, sindicato que ayer planteó la dimisión del ministro de Economía y Hacienda. Según el secretario de Acción Sindical de esta central, Apolinar Rodríguez, "el ministro Solchaga tiene dos opciones, reflexiónar sobre el fracaso del pacto y modificar el enfoque del diálogo social o culpar a los sindicatos, ante lo cual más vale que dimita", informa Europa Press.

Por su parte, Miguel Boyer, presidente de Grucycsa y ex ministro de Economía, se lamentaba ayer de la ruptura de las negociaciones. "Deberían reanudarse para conseguir un verdadero pacto social de progreso en un momento crucial para la economía espaí¡ola". Boyer, durante el acto de entrega de diplomas a los posgraduados del Instituto de Empresa,. insistió en que España ha apostado muy fuerte sobre su integración en Europa con la entrada en el sistema monetario europeo y el apoyo al banco central Eurofed y no puede permitirse perder la ocasión de mejorar sustancialmente su competitividad.