El debate sobre la propiedad en Nicaragua

M. L. PALLAIS, Los partidos de la Unión Nacional Opositora (UNO) representados en la Asamblea Nacional de Nicaragua lograron colocar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a la defensiva al hacer pública una serie de recomendaciones sobre la propiedad sin tomar en cuenta al sandinismo ni esperar los resultados de la concertación. Y es así, a la defensiva, como el FSLN -cuyo primer congreso se inicia hoy- ha reaccionado cerrando filas en torno a lo que llama "la defensa del sistema de propiedad institucionalizado por la revolución".

Mientras que para Alfredo César, presidente de la Asamblea Nacional, las recomendaciones reflejan "la armonía que debe de imperar en los poderes" del Estado, para los sandinistas éstas "invaden" las atribuciones constitucionales del Ejecutivo. El enfrentamiento ha llevado a que una comisión de justicia analize los aspectos jurídicos de las recomendaciones que podrían convertirse en leyes cuando se inicien las sesiones del Parlamento el próximo 20 de agosto, y al FSLN, ausente del trabajo legislativo desde hace ya varias semanas, a preparar una campaña de "cohesión y unidad alrededor de las conquistas de la revolución" que probablemente se verá reflejada en los resultados del congreso.

En realidad, la manzana de la discordia no es la reforma agraria sandinista en su totalidad. Las que están en juego no son los casi dos millones de hectáreas que en diez años y medio la revolución distribuyó, sino que los parlamentarios quieren que regresen al Estado unas 110.000 hectáreas -según la UNO, y el doble según los sandinistas- y alrededor de 5.000 viviendas urbanas, entre las que aparecen las de los comandantes sandinistas.

Castigar abusos

Se trata de terrenos y viviendas entregados a miles de pobladores urbanos y a campesinos por leyes emitidas durante los meses posteriores a la derrota electoral sandinista. La idea, según Alfredo César, es castigar los abusos cometidos en ese periodo conocido ahora como el de la piñata".

Hubo quienes, por ejemplo se mudaron a viviendas más grandes después del 25 de febrero de 1990, y quienes, aun sin ser sujetos de reforma agraría, se apropiaron de minifundios, pero está claro que las recomendaciones podrían, de no ser modificadas, dejar sin viviendas y sin posibilidades de producir a centenares de pobladores urbanos y a miles de campesinos.

"Sin ayuda técnica ni recursos para trabajar la tierra, sin duda alguna, los campesinos que hayan recibido lo que la comisión dice aceptable se verán obligados a vender esas parcelas a quien se las compre. Y así volverán los latifundios al país", aseguró María Teresa Blandón, responsable de capacitación para la asociación de trabajadores del campo.

Si bien es cierto que, tradicionalmente, las viviendas populares urbanas no excedían los 30 metros cuadrados -la Asamblea recomienda otorgar títulos a aquellos cuyas viviendas no exceden de 60 metros cuadrados-, esa regla no se conservó intacta a través de los años. Una colonia residencial capitalina, la Gabriel Cardenal, por ejemplo, poblada por unas 25 familias que se autodefinen como "de clase media baja" -la mayoría desmovilizados del Ejército-, es una de las muchas excepciones. Las casas tienen unos, 75 metros cuadrados de extensión.