La Ley de Gobierno se retrasa por la oposición de varios ministros a reducir sus equipos políticos

El Ejecutivo ha decidido posponer la articulación de la Ley de Gobierno que prepara el Ministerio para las Administraciones Públicas por la oposición de una mayoría de ministros. El objetivo de la ley es distinguir entre poder político y poder administrativo, así como la delimitación de las funciones de los miembros del Ejecutivo. En el debate se han puesto de manifiesto las reticencias de algunos ministros a que los subsecretarios y los secretarios generales técnicos procedan de la Administración. Estos ministros, al imaginarse rodeados de funcionarios, han replicado que necesariamente tendrán que dotarse de equipos políticos, con el previsible resultado de crear una Administración paralela.

ANABEL DÍEZ, Distintos miembros del Gobierno aseguran que la ley, que se ligará a la futura normativa que reforme la Administración, "dormirá" durante un tiempo indefinido ante la disparidad de criterios que ha suscitado el modelo inicialmente propuesto, que parte de un trabajo elaborado por el ex ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, y el ex secretario de Estado de ese departamento, Teófilo Serrano, y que ahora han recuperado sus sucesores Juan Manuel Eguiagaray y Justo Zambrana, respectivamente.En la filosofía general hay acuerdo: separar el ámbito de la Administración del estrictamente político cuyas actuaciones emanan del Gobierno. Actualmente esa distinción no es demasiado evidente, dado que el entramado administrativo proviene de la España predemocrática. Un miembro del Gobierno afirma que "en estos momentos con la democracia perfectamente asentada parece necesario profesionalizar la Administración y separarla del campo de las decisiones políticas".

El documento que hasta ahora ha discutido el Ejecutivo y que ha quedado aparcado toma como miembros del Gobierno al presidente, el vicepresidente o vicepresidentes, a los ministros y a los secretarios de Estado. También en el ámbito gubernamental entrarían los jefes de gabinete. La diferencia fundamental con respecto al modelo actual es que se crearían los llamados órganos superiores de la Administración y ahí estarían los secretarios generales y los subsecretarios.

Respecto a éstos últimos, no habrá una obligación absoluta de mantener esta figura en todos los ministerios, sino que dependerá de las necesidades que se fije cada departamento.

Así, la principal novedad estará en que los secretarios de Estado serán propuestos por el presidente del Gobierno y se les dotará de la facultad de intervenir políticamente en el Parlamento para descargar a los ministros de una parte de su trabajo. La comisión de subsecretarios -al formar éstos parte ya de la Administración en sentido estricto- desaparecería y en cambio se crearía la comisión de secretarios de Estado.

En algunos ministros este diseño ha levantado ciertas suspicacias y en el debate se ha llegado a la conclusión de que prácticamente se crearía una Administración paralela con poder político.

En la futura ley se pretende también fijar las funciones de los distintos organismos del Estado que ahora aparecen ligados al área gubernamental, así como una potenciación de la labor de los delegados del Gobierno. Miembros del Gabinete aseguran que el mantenimiento de los gobernadores civiles está de momento "entre interrogantes", lo que llama la atención toda vez que las repetidas iniciativas de la oposición tendentes a la desaparición de los gobernadores ha chocado siempre con el rechazo del Gobierno a través del grupo socialista.

La opinión de Serra

A este respecto, el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra anunció ayer que el Consejo de Ministros no va a tomar una decisión inmediata sobre la Ley del Gobierno. Serra aseguró que esta norma va a ser una pieza importante en la modernización de la Administración, aunque por el momento el Gobierno seguirá discutiendo las propuestas presentadas por Juan Manuel Eguiagaray, informa Juan Carlos Sanz.

Serra precisó que el Consejo de Ministros no adoptará una decisión definitiva sobre hasta que no se analicen todas las piezas que compondrán el programa de modernización administrativa. Sin embargo, rechazó que el debate de esta ley se vaya a atrasarse "sine die ".

El vicepresidente, que asistió a la toma de posesión de Joaquín Leguina como presidente de la Comunidad de Madrid, rehuyó las preguntas de los periodistas sobre un supuesto pulso con el ministro de Economía, Carlos Solchaga, por los contenidos de la Ley del Gobierno: "A ese tipo de preguntas, que pretenden enfrentar a personajes políticos, yo no contesto". De la misma forma, descartó que se vayan a convocar elecciones generales anticipadas tras los actos previstos en 1992. "Nadie [en el Gobierno] ha hecho una reflexión en esa dirección", concluyó.