"Las penas carcelarias no reeducan y dañan la dignidad de las personas"
EMILI GISBERT Ladislao Roig asegura sentirse procupado por el cambio en la filosofía del Ministerio del Interior que evidencia el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana. 'La seguridad no puede privar sobre los derechos fundamentales de la persona", afirma el presidente de la UPF. La figura de la "retención", que consagra el borrador del texto legal "no existe jurídicamente", según Roig que subraya que el registro domiciliarlo "debe ser siempre consecuencia de una decisión judicial".
Penas con garantías
Respecto a la situación en las cárceles españoles, agravada durante las últimas semanas por las amenazas contra presos de ETA por la población reclusa común, el presidente de la UPF es tajante: "Sólo cabe luchar contra la delincuencia desde la legitimidad democrática. El Estado puede y debe castigar penalmente, pero debe velar, en todo momento, porque ese castigo se cumpla con las garantías debidas".
Partidiario de un fiscal general del Estado designado con consenso parlamentario, Ladislao Roig explica, no obstante, que la elección por el Gobierno del representante de esta institución "constituye una vía constitucional y por lo tanto legítima". El presidente de la UPF precisa que "en cualquier caso, tras su elección, el fiscal general queda sujeto al principio de imparcialidad que le es exigible".
El sexto congreso de este colectivo progresista de fiscales, celebrado en Palma de Mallorca, estuvo presidido por el lema Asegurar nuestra imparcialidad. Ladislao Roig, elegido presidente en aquél congreso, puntualiza: "Hay voces en nuestro país que abogan por un fiscal dependiente del Ejecutivo. Eso sería cargarse el actual fiscal español".
A las críticas que se gaeneralizan respecto a la actuación de determinados representantes del ministerio público, Ladislao Roig señala que toda crítica es legítima si no pone en tela de juicio el principio de imparcialidad. "A los jueces se les reconoce socialmente su indepedencia, incluso cuando se critica su actuación. Nosotros nos conformamos con lo mismo", señala Roig.
Aborto gratuito
La UPF se ha pronunciado por la constitucionalidad de una necesaria ampliación de los supuestos legales de aborto y por que esta intervención quirúrgica sea gratuita y a cargo de la Seguridad Social. Ladislao Roig asegura que ahora mismo se está dando un enfoque partidista al debate sobre la despenalización del aborto. "Despenalizar el aborto no es estar a favor del aborto. Supone tan sólo impedir que ninguna mujer vaya a la cárcel por el hecho de abortar", puntualiza.
Convencido de la necesidad de que los fiscales muestren un mayor celo en la salvaguarda de la legalidad y los derechos de los ciudadanos, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales subraya que hospitales psiquiátricos, residencias de ancianos, cárceles y áreas legales como la tutela y las incapacidades "requieren un control más riguroso por la fiscalía".
La denuncia de la práctica inexistencia de legislación penal medio ambiental y la necesidad de que se admita la objeción de conciencia sobrevenida constituyen otras reclamaciones de este colectivo progresista de Fiscales que ha definido el fin de semana último en Valencia su estrategia para las próximas elecciones del Consejo Fiscal, órgano de asesoramiento del fiscal general del Estado. Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe de Barcelona, encabezará la candidatura de la UPF.
