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Tribuna:

El secuestro militar

El secuestro de un ser humano inocente provoca indignación moral, incluso si acaba bien y, al cabo de varios meses, la víctima es puesta en libertad. Desde luego, más vale sufrir un secuestro de 9 meses que uno de 12, pero ningún secuestro es aceptable.El servicio militar obligatorio es el secuestro de los reclutas por parte del Estado, que así hace uso del monopolio de la violencia legal que le caracteriza. Esta forma de secuestro masivo es legal, pero no moral. Es compatible con la versión totalitaria de la democracia, pero no con las ideas liberales ni con el respeto del derecho humano a la propia libertad.

La mayoría de las corrientes de la ética contemporánea pueden clasificarse corno éticas de la autonomía o como éticas de la felicidad. Desde ambos puntos de vista la conscripción obligatoria es inmoral.

Nada viola la autonomía del ser humano de un modo tan patente como el secuestro. El secuestrado es violentamente separado de su familia, de su oficio y de sus ocupaciones habituales en contra de su voluntad. Mientras dura el secuestro no puede estudiar, ni trabajar, ni viajar, ni decidir. Tiene que limitarse a obedecer. No es de extrañar que casi nadie quiera ser secuestrado o hacer la mili obligatoria. Cuando en 1793 se inventó en Francia el reclutamiento forzoso generalizado, los campesinos y artesanos se opusieron del modo más enérgico, enfrentándose con sus herramientas y guadañas a las tropas que venían a imponerlo. En el oeste del país estalló la famosa rebelión de la Vendés, que sólo pudo ser ahogada en sangre al precio de cientos de miles de muertos. Todavía Napoleón dedicaba 40.000 soldados a perseguir a los prófugos, desertores e insumisos, y no sabía cómo atajar el problema de los miles de jóvenes que se mutilaban voluntariamente para no ir a la mili. La Semana Trágica de Barcelona de 1909 estalló por la negativa de los conscriptos a aceptar su reclutamiento y embarque. Y la enorme cantidad de jóvenes que actualmente invocan presuntas enfermedades y objeciones de conciencia para no ir a la mili no es sino un reflejo del rechazo generalizado que ese secuestro legal provoca, y que las encuestas confirman. El servicio militar obligatorio es un atentado contra la autonomía del individuo (si no lo fuese, no necesitaría ser obligatorio).

También es indudable que la separación de la vida elegida, las novatadas, la disciplina castrense, la rudeza inevitable, la interrupción de la propia trayectoria profesional, la pérdida de tiempo y otras lindezas por el estilo no son precisamente conducentes a la felicidad individual de las personas no vocadas al oficio de las armas. De hecho los suicidios entre los reclutas son cuatro veces más frecuentes que entre los sectores de la misma edad que no hacen la mili. Tanto desde la perspectiva de la autonomía como de la felicidad, el reclutamiento forzoso es una inmoralidad flagrante.

Además, la mili obligatoria atenta contra los principios de justicia, equidad e igualdad ante la ley. Discrimina a los hombres frente a las mujeres. Y hace pagar un altísimo impuesto personal a los que hacen la mili, impuesto que no pagan los que se libran de ella. Es como un impuesto económico que sólo gravase a los ciudadanos de un único sexo, a los que les tocase por sorteo.

Cuando los políticos tratan de vendernos la mili acuden a dos argumentos falaces: que un Ejército obligatorio es más democrático que uno profesional, y que proporciona una mejor o más barata defensa para el país.

El primer argumento sólo puede esgrimirse desde la ignorancia o la mala fe. La Revolución Francesa, que inicialmente fue democrática, decidió en 1789 que el Ejército debería nutrirse exclusivamente de voluntarios. Sólo más tarde, en 1793, ya en plena dictadura del terror, se decidió la leva forzosa de 300.000 hombres, impuesta por la fuerza más brutal y que condujo a las rebeliones antes mencionadas. El único beneficiario del invento fue Napoleón, que se encontró con un Ejército inmenso, con el que pudo llevar la guerra a todos los rincones de Europa. En Alemania, la república de Weimar tenía un Ejército profesional de voluntarios (o mercenarios, en jerga hitleriana). El partido nazi, ya desde su declaración programática de 1920, exigía la abolición el ejército mercenario y la introducción del servicio militar obligatorio, lo que finalmente logró en 1935. Mientras Japón fue una dictadura militar coronada, el servicio militar era obligatorio; desde que se convirtió en un país democrático, el Ejército es profesional. Y en los países anglosajones, de acendrada tradición democrática, como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia, el servicio militar es voluntario:

Si en lo que se piensa es en los golpes de Estado, basta con recordar que México, el país latinoamericano con menos golpes de Estado, tiene un servicio militar voluntario, mientras que Argentina, el país más golpista, ha padecido siempre el servicio militar obligatorio.

Respecto a las necesidades de la defensa, lo primero que hay que decir es que no deben ser confundidas con los intereses corporativos de los oficiales del Ejército. En España hay más de 27.000 oficiales, lo cual es una exageración. El tener muchos soldados (aunque sean bisoños y pasotas) puede servir de coartada para justificar tan hinchada plantilla, pero hoy día no garantiza una defensa efectiva.

La guerra del Golfo ha demostrado hasta la saciedad que, a la hora de la verdad, los únicos ejércitos que cuentan son los profesionales, bien entrenados, equipados y motivados. La tecnificada guerra moderna no tiene sitio para los reclutas, excepto como inútil carne de cañón. En la I Guerra Mundial se enviaban continuas oleadas de miles de soldados a una muerte segura y repetitiva. Lo mismo ocurría en la guerra inacabable entre Irak e Irán. En esas circunstancias, tener muchos soldados representaba poder aguantar más bajas, y de eso es de lo que se trataba. Pero la España actual es un país europeo, miembro de la OTAN y de la CEE. Si entra en guerra (esperemos que no), lo que necesitará serán unos pocos cuerpos de expedicionarios de élite, bien armados y entrenados, y siempre listos para despliegues rápidos, y no masas enormes de reclutas destinados al matadero. Además, la opinión pública española no permitiría usar a los mozos del reemplazo en una guerra genuina. De hecho, los reclutas no sirven para nada, militarmente hablando. Por eso la tendencia a prescindir de ellos es cada vez mayor. Con el 2% de su producto interior bruto que España dedica a las Fuerzas Armadas se podría tener un Ejército profesional mucho más reducido en número, pero mucho más eficaz, dispuesto a entrar en acción cuando y donde las necesidades de la defensa lo exigieran.

La milicia no es tan distinta que el cuerpo de bomberos. También se nos podría obligar a todos los españoles a dedicar un mes de nuestra vida a hacer de bomberos, e incluso podría argumentarse que así los bomberos serían más democráticos y más baratos. El argumento podría generalizarse, con lo que su carácter falaz resultaría todavía más grotesco. La conclusión es obvia: más vale pagar y entrenar a unos pocos que quieren hacer algo para que lo hagan bien, que pasarnos todos la vida secuestrados por el Estado, haciendo mal y gratis lo que no queremos hacer.

Jesús Mosterín es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de julio de 1991