Astilleros, competitividad y negociación colectiva

El articulista analiza en este texto el acuerdo marco, firmado el pasado 14 de junio entre la División de Construcción Naval y los sindicatos, por el que se articula y racionaliza la negociación de los convenios colectivos. Este acuerdo, con una vigencia de dos años, es fundamental para que los astilleros puedan elevar su nivel de productividad y afrontar en 1992 el reto del mercado único.

La construcción naval española, sujeta a la política industrial comunitaria, debe afrontar su futuro inmediato en condiciones cada vez más exigentes y sometida a reglas de juego supranacionales de inexcusable cumplimiento.Nuestros astilleros, especialmente los de capital público encuadrados en la división de construcción naval (DCN) del Instituto Nacional de Industria (INI), actúan de lleno en el mercado mundial y se enfrentan a la competencia internacional.

Las directivas comunitarias, en su múltiple pretensión de reforzar la posición competitiva del sector, a la vez de reducir rápidamente las ayudas públicas hasta su eliminación y homogeneizar la intervención de los Estados miembros para no distorsionar la competencia intracomunitaria, nos colocan ante un reto exigente y definitivo. El año 1991 es el último en que se autorizan medidas excepcionales, como sobrepasar el techo comunitario de ayudas, no utilizado por la Administración española en su reciente Real Decreto 826/91, sobre primas a la construcción naval, y la posible compensación de pérdidas a los astilleros públicos, según los planes negociados con la Comisión de las Comunidades Europeas.

En el año 1992, la equiparación al resto de los socios comunitarios será plena. La magnitud del esfuerzo a realizar para asegurar la supervivencia en una construcción naval comunitaria, dirigida por Alemania, y mundial, encabezada por Japón, puede colegirse del cuadro adjunto.

El diferencial de productividad del naval español respecto a nuestro referente más inmediato es de uno a dos, y a Japón, de uno a cuatro.

Plan de actuación

Esta situación es similar para los astilleros de la DCN y da fundamento a la puesta en ejecución del Plan de Actuación de Astilleros Públicos para lograr una mejora categórica de nuestra posición competitiva. Plan que comporta un cambio de modelo industrial mediante la introducción de la estandarización y el seriado que permita la introducción selectiva, pero importante, de nueva tecnología. Una reorganización orgánico-funcional de la DCN, con una mejor articulación y complementación territorial de las factorías y mayor descentralización operativa. Mejora en las condiciones de trabajo y actuaciones de choque en salud laboral, y un programa permanente de formación profesional que dé soporte al desarrollo de los recursos humanos y facilite una más eficaz utilización de los mismos, al tiempo que haga posible la asimilación del cambio tecnológico.

El esfuerzo de investigación y desarrollo, así como las nuevas líneas de acción comercial, se plantea en términos de colaboración europea.

Se pretende entrar de lleno en un proceso continuo de mejora tecnológica que permita incrementar en un 50% la productividad en el periodo 1991-1992 y duplicarla al 31 de diciembre de 1995, pues de lo que se trata es de lograr beneficios en 1992 y ser capaces de mantener la rentabilidad en el futuro sin ayudas del Estado.

Ello comporta un importante esfuerzo inversor para la ejecución del plan de actuación, de alrededor de 13.000 millones de pesetas en dos años, y requiere sobre todo la asunción del mismo y la participación activa de todos y cada uno de los 10.000 trabajadores de la DCN.

El plan de actuación, sometido a negociación con las centrales sindicales en los primeros meses de 1991, y los objetivos imperativos de mejora de la productividad y resultados definen el escenario de la negociación del acuerdo marco firmado el 14 de junio por la DCN y los cinco sindicatos más representativos -CC OO, UGT, CAT, CIG y ELA-STV-, con una vigencia temporal de dos años.

Este acuerdo articula y racionaliza la negociación de los convenios colectivos para los 10 centros de trabajo.

Conjuga la introducción imperativa en los convenios de determinadas cláusulas pactadas a nivel superior, con la concreción de temas importantes en cada factoría, de acuerdo con su propia realidad.

Se garantiza un crecimiento real de las retribuciones mediante incrementos de 1,9 y 2 puntos sobre el índice de precios al consumo de cada año del acuerdo. La jornada anual se sitúa en 1.700 horas para 1992, y se ratifica la voluntad compartida de superar conceptos asistenciales existentes en algunos convenios para adecuarlos a la realidad social, jurídica e institucional, como es el caso del compromiso de establecer un nuevo sistema de complementos de pensiones "más acorde con el sistema legal y prevísional actual y con fórmulas adecuadas de financiación".

El capítulo modular de este acuerdo, que concentró el grueso de la negociación, es sin duda el relativo a Organización del trabajo y mejora de la productividad. Ambas partes se manifiestan "conscientes de que la mejora continua de la productividad es la resultante de un conjunto de factores y medidas en los diferentes campos del proceso industrial, en el que intervienen la totalidad de los trabajadores de plantilla vinculados directa o indirectamente a la producción, y que todos deben recibir una compensación proporcionada a su contribución a la mejora lograda".

Se regulan de forma creativa y realista medidas tendentes a una más flexible y eficaz utilización de los recursos humanos, a través de una mayor disponibilidad y polivalencia profesional, acordes con las nuevas formas de organización del trabajo. Se indica las factorías el establecimiento o mejora de fórmulas flexibles de utilización de la jornada laboral pactada, por compensación de tiempo por tiempo. Y se introducen nuevos criterios para mejorar los sistemas de incentivos existentes. "El cumplimiento de objetivos de plazo y presupuesto, tanto en las unidades intermedias como para la obra total", se convierte en principio rector, casi obsesivo, de toda la actividad productiva y de las pautas retributivas. También se revaloriza el concepto de calidad y se vincula al cumplimiento de objetivos de la producción la retribución de personal no relacionado directamente con la misma.

Reducción de plantilla

La reducción de plantillas durante la reconversión (disminución del 58%) ha dejado como secuela un serio desequilibrio en su composición profesional, agravada por el cambio de modelo industrial. Sólo el 61% son trabajadores directos de producción y subsisten importantes colectivos con cualificaciones inadecuadas. Este problema se pretende afrontar mediante la negociación en cada astillero de "un plan de mejora de la productividad en el que se determinará el número, tipo y ritmo de las nuevas cualificaciones y especialidades a adquirir, los grupos implicados, así como los procedimientos y medidas para su ejecución, y otras medidas complementarias que mejoren la productividad, la calidad, disminuyan el absentismo y faciliten la óptima utilización de los recursos humanos". Para su implantación se dispondrá de un 1% de la masa salarial bruta de cada factoría.

Con este acuerdo se da un paso más tras el objetivo de superar la vieja y esclerótica clasificación gremial del sector, en coherencia con los nuevos sistemas de producción, verdadero nudo gordiano que contiene el avance acelerado de la productividad.

Por último, destacar la ampliación de la participación de los trabajadores y de sus representantes sindicales en la formulación, seguimiento y evaluación, tanto a nivel de factoría como a través de comisiones en el ámbito de la DCN, en materias tan importantes como el control de la contratación laboral, planes de nuevas profesiones y especialidades, salud laboral y formación profesional. El incremento de la participación individual y colectiva es consustancial a la mejor aplicación de lo acordado. Firmado el acuerdo marco, es de esperar que en la negociación de los convenios de factorías se trasladen sus premisas de forma coherente, de tal suerte que se convierta de verdad en un instrumento útil para lograr que los astilleros públicos entren al fin en la normalidad.

Francisco S. López Romito es director adjunto a la presidencia de AESA.