El fiscal pide cuatro años de cárcel a un policía por espionaje industrial

La fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid solicita cuatro años, dos meses y un día de prisión menor para Tomás Carro Temprano, inspector de policía adscrito a la comisaría del Tribunal Constitucional. En su escrito (el juicio se celebrará el próximo jueves), el fiscal acusa a este policía de robar documentación secreta de una empresa para entregarla a la agencia de detectives Centripol, propiedad del cuñado de este policía. Según el fiscal, la agencia recibió 1.250.000 pesetas de un cliente a cambio de la documentación. Además de Carro, hay otros dos policías implicados.

Todo empezó a finales de 1987, cuando el empresario Luis Armendáriz Tainta contrató a la agencia de detectives Centripol para que investigase las operaciones comerciales de sus ex socios, los hermanos Villoslada, con los que había compartido la propiedad de varias industrias instaladas en Madrid y Navarra.Armendáriz quería saber, siempre según la versión del fiscal, el precio exacto en el que los hermanos Villoslada habían enajenado una de las empresas de las que él había sido copropietario, y para ello contrató a Centripol. Tomás Carro, aprovechando su condición de policía, según revela el fiscal, colaboraba habitualmente con Centripol y recibía dinero por ello.

Según la versión del fiscal, Tomás Carro y su cuñado (quien se hizo pasar por policía) consiguieron una copia de la llave de la sede de Promotora Meta, de la que pretendían obtener los documentos, tras engañar a su director. Le dijeron que tenían fundadas sospechas de que se iba a haber un robo en la empresa y que era necesario montar un dispositivo policial nocturno.

Dispositivo policial

Después de fingir vigilar el local durante varios días, desmontaron el dispositivo policial, pero ya tenían una copia de la llave del inmueble. Semanas después, Carro y su cuñado entraron en el local por la noche y sustrajeron la documentación, que fue entregada a Armendáriz el 28 de septiembre de 1988 en Burgos. Este pagó 1.250.000 pesetas a la agencia por el trabajo realizado. El policía recibió 375.000 pesetas.El Fiscal considera que Tomás Carro se prevalió de su condición de policía para acceder, por la noche y con una copia de la llave del inmueble que había conseguido del director de la empresa mediante engaño, a las instalaciones de Promotora Meta, ubicada en el número 135 de la calla de Lagasca. El fiscal, además de acusarlo de robo, demanda al tribunal de la Audiencia Provincial que inhabilite como policía a Carro durante seis años por trabajar para una empresa privada con ánimo de lucro.

Cuando ambos cuñados idearon la trama antes descrita con el fin de conseguir la llave, los propietarios de inmueble se mostraron reacios en un principio, aunque después accedieron a dejarla tras comprobar que Tomás Carro era efectivamente policía. El propietario de la agencia de detectives se hizo pasar ante los directivos de Promociones Metra por un funcionario de policía.

La noche en que se llevó a cabo el robo, dos policías de la escala básica -Blas Ropero Limón y José Morillo Custodio- vigilaron los accesos al inmueble. Según el fiscal, Morillo también colaboraba ocasionalmente para la citada agencia de detectives a cambio de dinero. Ambos policías han esgrimido que vigilaron el local en la creencia de que realizaban un acto de servicio.

Para Pérez Rodriguez, cuñado del Inspector de policía del Constitucional, el fiscal pide al tribunal que lo condene a cuatro años de prisión menor por el robo, y a otros tres meses de arresto mayor y multa de 50.000 pesetas por otro delito de descubrimiento de secretos. El fiscal imputa también el delito de descubrimiento de secreto a Carro.

Al policía de la escala básica Morillo, el fiscal le considera autor de un delito de ejercicio de profesión en empresa privada con ánimo de lucro y le pide seis meses de cárcel y seis años y un día de inhabilitación especial en el cargo. Y a Armendáriz, que contrató a los detectives, lo acusa igualmente de robo y le pide cuatro años de prisión menor.