El Gobierno aprueba la limitación de la informática

El proyecto de ley que pretende limitar el uso de la informática para proteger la intimidad de los ciudadanos está ya en marcha. El Consejo de Ministros lo aprobó ayer para su envío a las Cortes, donde será debatido.El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, manifestó en la conferencia de prensa posterior al Consejo que esta ley "define una nueva frontera del derecho a la intimidad", y explicó que regula tanto los bancos informáticos de la Administración pública como los que puedan crear las empresas privadas.

El ministro detalló que quizás estos últimos pudieran resultar más inquietantes, puesto que, de no darse las garantías que recoge el proyecto, la intimidad de los ciudadanos puede llegar a ser observada desde los archivos privados de datos, ya sea cuando alquilan un piso o cuando suscriban un seguro.

Tomás de la Quadra señaló también que los ciudadanos tendrán derecho a conocer qué datos posee la Administración sobre ellos, si bien el proyecto incluye las excepciones de los que afecten a la seguridad y los relativos a Hacienda, porque, añadió, "en determinados casos, el contribuyente puede utilizar esa información para intentar el fraude fiscal".

El proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal es un texto de 48 artículos, tres más que el anteproyecto inicial.

El texto señala que "sólo con consentimiento expreso del afectado, podrán ser objeto de tratamiento automatizado los datos de carácter personal que revelen su ideología, religión o creencias", mientras que "los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados automáticamente y cedidos cuando por razones de interés general así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente".

Las excepciones indican que se permite la recogida y trata miento por las Fuerzas de Seguridad de los mencionado datos sensibles "exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta", si bien ahora se establece que. "los datos personales registrados con fines policiales, se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamlento".

El derecho del ciudadano al acceso, rectificación y cancelación de los datos que existen sobre él podrá ser denegado por los responsables de los ficheros policiales "en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando". Tal denegación también la podrán hacer los responsables de los ficheros de la Hacienda Pública "cuando elafectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras".

Asimismo, el Consejo debatió por vez primera la futura Ley del Gobierno -que será tratada aún en dos sesiones más-; aprobó una partida de 3.152 millones para subvencionar la participación de países subdesarrollados en la Expo 92 y acordó, entre otros, el nombramiento de Pedro Pablo Mansilla comódirector de Administración Penitenciaria.